Jerez

Los regantes de Doña Blanca denuncian ante Fiscalía “vertidos tóxicos” en el Guadalete

  • Los comuneros responsabilizan a la depuradora y Azucarera de supuestos “vertidos ilegales” en el cauce del río 

  • Piden al ministerio fiscal que abre una investigación tras la la "pérdida total" de sus cultivos en la presente campaña agrícola

Imagen de archivo en la que se aprecia el efecto de la salinidad sobre lal tierras de labor de la zona regable de Doña Blanca.

Imagen de archivo en la que se aprecia el efecto de la salinidad sobre lal tierras de labor de la zona regable de Doña Blanca.

La comunidad de regantes Margen Derecha del Bajo Guadalete ha solicitado a la Fiscalía de Medio Ambiente que investigue supuestos vertidos contaminantes al río por parte de Azucarera y la depuradora EDAR Guadalete, a las que responsabiliza de las pérdidas ocasionadas en los cultivos de los comuneros de la zona regable del Poblado de Doña Blanca.

Según el escrito presentado ante la Fiscalía al que ha tenido acceso este medio, los comuneros de Doña Blanca denuncian que a partir de la campaña 2015/16 se han agravado las mermas que venían registrándose en sus cultivos con anterioridad, hasta provocar pérdidas totales en las producciones de algodón, alfalfa y arroz, como ha ocurrido en el presente año agrícola.

“Durante la presente campaña agrícola –en concreto del 1 al 20 de mayo– se han vuelto a sufrir vertidos tóxicos y salinos con importantes daños económicos”, afirma el escrito de denuncia, que se acompaña de acta notarial sobre los daños y análisis vegetales de los cultivos realizados a finales de junio.

Aportan análisis sobre el fuerte incremento de elementos tóxicos que alcanzan “niveles intolerables”

Los regantes piden al ministerio fiscal que investigue las supuestas irregularidades detectadas por la comunidad y las organizaciones agrarias, sobre las que aporta distintos análisis e informes sobre los elevados niveles de toxicidad que presenta el agua, las plantas y el suelo, y que atribuyen a estos “vertidos tóxicos”.

La “pérdida en los cultivos se está produciendo por continuos vertidos contaminantes al río que están siendo trasladados a los campos de labor a través de los riegos”, señala el escrito, en el que la comunidad de regantes detalla que su toma de agua se sitúa en el Azud de El Portal, muy cerca del punto de vertido de la EDAR de Jerez y de las balsas de aguas residuales industriales de la Azucarera del Guadalete.

Los comuneros, siempre según el escrito, apuntan a ambas entidades como responsables de los “vertidos ilegales” y “notorios” que se están produciendo, para lo que alega que las tomas de agua aleatorias tomadas por la comunidad tras detectarse pérdidas en los cultivos, normalmente entre abril y junio de cada año, arrojan un fuerte incremento de la salinidad del agua, así como de otros elementos tóxicos para los cultivos, como cloruros y sodio, que alcanzan “niveles intolerables”.

Denuncian la merma de sus producciones desde hace años a causa de estos “vertidos contaminantes”

Del mismo modo, los denunciantes llaman la atención de la Fiscalía sobre los “vertidos incontrolados de naturaleza altamente salina” detectados durante la campaña de molturación de remolacha para la obtención de azúcar en la fábrica jerezana.

La comunidad Margen Derecha del Bajo Guadalete hace igualmente hincapié en que, según determinados informes de los que se dio traslado a la delegación territorial de Medio Ambiente en su día, los índices de sodio y salinidad llegaban a superar hasta en 100 veces los niveles normales en los cultivos y el suelo de la zona, por lo que alertan de que “no sólo se pierden los cultivos que se riegan con el agua procedente de los vertidos incontrolados, sino que está envenenando la tierra para los cultivos futuros”.

El escrito dirigido al ministerio recuerda que Azucarera quiso cambiar antes de 2012 el punto de vertido, al tiempo que cuestiona la autorización concedida por la delegación Territorial de Medio Ambiente a la azucarera del Guadalete a finales de octubre de 2014 para realizar vertidos contaminantes al río ante la incapacidad de la EDAR para depurar esas aguas. Según la información recabada por este medio, dicha autorización fue revocada en 2016, por los que lo acaecido antes y después de este periodo podría constituir delito.

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