Jerez parte de una situación de privilegio a la hora de acceder a las ayudas que se contemplan dentro de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Al menos así lo afirmó ayer el delegado territorial d e Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Manuel Herrera, quien acompañó al delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Juan Luis Belizón, en la presentación de esta iniciativa que pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas desfavorecidas. De las 18 zonas que se beneficiarán de la estrategia en un total de 13 municipios de la provincia, tres corresponden a Jerez: el Distrito Oeste (Picadueñas), el Distrito Oeste y el Distrito Sur. Precisamente, Herrera destacó que la experiencia adquirida en la zona Sur a través del proyecto ICI la convierte en un referente "incluso a nivel de Estado y va a ser mucho más fácil para las otras zonas desfavorecidas la elaboración de un plan local". El diseño de esos Planes Locales de Intervención en Zonas Desfavorecidas por parte de las instituciones públicas (ayuntamientos y Diputación) son un paso necesario para poder acceder a las ayudas y el delegado de Políticas Sociales señaló que ya ha pedido a las personas que trabajan en el proyecto ICI su colaboración con la delegación en la estrategia a implantar en otros municipios de la provincia, "aunque cada uno tiene unas características especiales".

Se estima que la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social beneficiará a alrededor de 150.000 personas de la provincia, del total de 914.000 en Andalucía. El plan destinará más de 169,5 millones de euros, cofinanciados por el Fondo Social Europeo, hasta 2022 en toda la comunidad autónoma para un total de 99 zonas desfavorecidas de 65 municipios. La estrategia arranca este año con unos 37,2 millones de euros a a través de dos convocatorias de ayudas. La primera, de casi 28 millones de euros, se dirige a las entidades locales para reforzar el personal de los servicios sociales comunitarios en las zonas de intervención. La segunda, para entidades privadas sin ánimo de lucro, contará con más de 9,3 millones de euros.

Herrera explicó que la primera línea de subvenciones a entidades locales está destinada por un lado a la contratación de personas que se encarguen del diseño, implantación, ejecución y desarrollo de los Planes Locales de Intervención en Zonas Desfavorecidas en Andalucía. Para ello, la Junta invertirá 826.729,80 euros, de los que 165.345,96 euros serán para la provincia de Cádiz, en concreto para contratar 24 técnicos en los 13 municipios. De esta contratación de dos a tres meses, en función de las necesidades de cada localidad, saldrán los planes locales personalizados para cada zona desfavorecida, que se empezarán a aplicar a finales de este año.

Estos planes locales, que elaborarán los ayuntamientos y, en el caso de municipios de menos de 20.000 habitantes, las diputaciones provinciales, serán aprobados por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales con una duración mínima de cuatro años e incluirán un diagnóstico de la zona, las medidas para alcanzar los objetivos propuestos, los recursos necesarios y el perfil de las personas y grupos a los que van dirigidos.

Según la Junta, la intervención se desarrollará bajo los criterios de participación de la ciudadanía, la integración de la perspectiva de género y el fomento de la solidaridad, la equidad, la interculturalidad y la diversidad, con un enfoque centrado en las personas y las familias. Partiendo de estos principios, se establecen cuatro grandes ejes: desarrollo económico y sostenible; políticas públicas para el bienestar y la cohesión social; mejora del hábitat y la convivencia, y trabajo en red para la intervención social comunitaria. En torno a estos ejes se han planteado 52 objetivos operativos y 119 medidas.

Entre las medidas concretas que se desarrollarán destacan las dirigidas a evitar la ejecución de desalojos por el impago de alquileres o hipotecas; incrementar la empleabilidad, con especial atención a las mujeres; favorecer el comercio local; impulsar la economía social y solidaria; incrementar la dotación de equipamientos deportivos, culturales y sociales, y constituir una red de profesionales para apoyar la actuación en las zonas y reforzar el intercambio de conocimientos y experiencias.