Ha comenzado una nueva campaña en la azucarera marcada por la reducción de superficie provocada por la bajada en la rentabilidad del cultivo, a pesar, de los incentivos de la azucarera y de las ayudas que recibe de la Administración. La cuota de remolacha correspondiente a la azucarera del Guadalete que asciende a quinientas sesenta y cinco mil toneladas con una reducción de superficie en un 25%, al pasar de las casi 10.200 hectáreas de la campaña pasada a las 7.600 de la actual. Por eso, incluso en las mejores circunstancias, será difícil alcanzar la cuota establecida. El último aforo de la industria preveía 510.000 toneladas, frente a las entregas del año pasado, que fueron de casi 567.000 t, con una riqueza media de 16,93o y un descuento medio del 10,35%.

¿Por qué ha ocurrido esto? COAG - Cádiz considera que los incentivos que ofrecía la industria no han sido suficientes, de ahí el marcado descenso en la superficie. Asimismo están pendientes de cobro, las ayudas aprobadas por Consejería de Agricultura, con un retraso de un año en el mejor de los casos. Por eso, si la Azucarera no toma nota, y rectifica para el año próximo, no recuperará la superficie perdida en la presente campaña.

Por lo que respecta a los precios, rondarán los 42,65 euros/tonelada (e/t) para un rendimiento medio en regadío similar al de campañas anteriores. No obstante, las campañas se 'cierran' hasta con tres años de retraso, por cierto del todo intolerable, por lo que el agricultor se ve obligado a afrontar elevados costes de producción sin saber cuándo cobrará. Sólo en agroambientales, quedan pendientes de cobro 48 expedientes de 2009, 325 de 2010 y 1.220 de 2011. Todo ello supone casi 5 millones de euros pendientes de cobro para el sector.

La reducción de superficie tiene una indudable repercusión en el empleo generado, que este año se reduce a unos 152.000 jornales: el año pasado fueron 184.000 y la media de las campañas 2002-2006, antes de la reforma, era de casi 595.000. La reforma tuvo igualmente efectos devastadores en el número de explotaciones, que se redujo en un 50%, hasta situarse en las 1.200 que quedan actualmente. Se cerraron cuatro fábricas y se perdió el 80% de la cuota y de la superficie.

Hablemos claro, la reforma se ha utilizado para desmantelar con dinero público un sector estratégico, que produce alimentos de primera necesidad como es el azúcar, en el que además éramos y somos deficitarios. ¿Con qué objeto? Muy sencillo. Para que las empresas alemanas y francesas se queden con el mercado de consumo español. Por eso, se hacen normativas que dejan al agricultor trabajando por debajo de costes de producción, invitándole tácitamente a que abandone.

Se pone de relieve una vez más que no se cumple el objetivo de la OCM de asegurar la competitividad del sector. ¿Cuál era ese objetivo? Reestructurar para dejar sólo la remolacha más productiva y competitiva, recurriendo al mercado en casos de necesidad. Pero ya se ha demostrado que no es como se esperaba: en las dos últimas campañas, ha habido problemas de abastecimiento por la escasez de producto en los mercados. La liberalización del mercado tampoco ha traído consigo la estabilidad de precios para el consumidor, ya que se han alcanzado máximos históricos (frente a los 404 e/t que se fijan en Europa para el azúcar, el precio internacional se sitúa en más de 524 e/t, aunque se han alcanzado máximos de hasta 640 e/t.

Por esto es fundamental que haya un frente común que incluya a la administración andaluza, a la industria azucarera, a los consumidores y, por supuesto, a los productores, para garantizar la actividad y el abastecimiento mediante un precio estable tanto al remolachero como al ciudadano. Si no es así, éste será el principio del fin de la remolacha en la provincia de Cádiz.