El sector agrario andaluz arrancará con una tractorada en Jerez el viernes un período indefinido y sostenido en el tiempo de movilizaciones por provincias en contra de la “convergencia brusca” que plantea el Gobierno en el real decreto de transición a la Política Agraria Comunitaria.

Los líderes Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias comparecieron  en una rueda de prensa para anunciar las movilizaciones con las que exigen al Ministerio de Agricultura la retirada de dicho decreto de transición porque penaliza fuertemente las rentas de agricultores y ganaderos andaluces.

Han dejado claro que no quieren convertir esto en una “batalla política”, puesto que es un problema exclusivamente del sector agrario, ha explicado el presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Serra.

También han trasladado al Ministerio un mensaje de unidad del sector en defensa de los derechos generados por los agricultores y ganaderos andaluces para que permanezcan en esta región y no se les “expropien” esos derechos con una “desamortización en el siglo XXI”, ha denunciado el secretario general de COAG-A, Miguel López.

Unos 230.000 agricultores y ganaderos andaluces han generado derechos históricos que les suponen unas ayudas europeas de unos 1.300 millones anuales, si bien, con los cambios recogidos en el decreto de transición que reduce las regiones productivas, unos 80.000 perderán al menos un 10% en dos años y la mitad de éstos sufrirán mermas entre el 20 y el 50 por ciento, según los cálculos.

Las movilizaciones empezarán este viernes en Jerez y continuarán la próxima semana, el 25 de marzo, con una concentración ante la subdelegación del Gobierno en Córdoba; se retomarán después de Semana Santa en Sevilla, y continuarán semanalmente en las distintas provincias, en función de la evolución de la pandemia, sin descartar una conjunta regional cuando la movilidad lo permita.

El dirigente de la COAG ha arremetido contra el ministro de Agricultura, Luis Planas, por su estrategia para “desmantelar el tejido productivo” andaluz y “despreciar” el peso del sector agrario y su contribución a la riqueza y al empleo en toda España y ha confesado que no alcanza a comprender las razones de esta “drástica transición” salvo que “represente a los mercados”.

Igualmente, el dirigente de la UPA-A, Miguel Cobos, ha denunciado el “paripé” del Ministerio porque “no ha habido negociación” con las organizaciones para que acordar una implantación gradual de la transición hacia la PAC y que no se haga de golpe en dos años -2021 y 2022-, por lo que ha insistido en pedir que se abra una verdadera mesa de diálogo.

Juan Rafael Leal, presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, ha augurado que este decreto es la “antesala de la reforma de la PAC” que supondrá un “cambio radical de modelo y la pérdida importante de rentas en Andalucía en favor de otras regiones”.

En este escenario han pedido el respaldo de los ayuntamientos andaluces a sus reivindicaciones con mociones en los plenos municipales ya que “más de la mitad viven de la agricultura y la ganadería”.

También solicitarán el apoyo del Parlamento andaluz, si bien han dejado claro que “no quieren convertir este asunto en una batalla política” entre la Junta, que apoya las peticiones del sector agrario andaluz, y el Gobierno central.

El sector agrario retoma las movilizaciones, que aparcaron cuando se declaró hace un año la pandemia para exigir una ley de la cadena alimentaria, porque tienen que llevarlas a cabo, respetando las normas de seguridad, antes de que sea tarde y se adopten las decisiones, que, en el peor de los escenarios, puede conllevar que Andalucía pierda el 50 % de los 1.300 millones que recibe de la PAC.