El gobierno municipal ha denunciado este domingo, a través de una nota de prensa, los “constantes recortes a los que la Junta de Andalucía está sometiendo a la ciudadanía de Jerez en materia de salud y dependencia con sus nuevas políticas”.

En concreto, la delegada de Acción Social y Políticas Inclusivas, Carmen Collado, ha recriminado a la Administración autonómica que “en San Isidro del Guadalete y en Nueva Jarilla, la población se ha quedado sin médico de familia, porque no se han sustituido a estos facultativos durante sus días de vacaciones en estas fechas”. Ha añadido que “tampoco hay personal suplente en dos centros de salud de la ciudad y el resto de centros está funcionando con sustituciones en precario”.

Así las cosas, Carmen Collado ha criticado que “esta circunstancia está provocando el colapso de los servicios de urgencias con casos banales o crónicos que habitualmente atiende el médico de familia, cuando además la gripe comienza a tener más incidencia en nuestra zona”.

La delegada ha añadido que “el PP prometió que ellos acabarían con los recortes en sanidad y no sólo no lo han hecho, sino que los están incrementando y potenciando que los pacientes se vayan a la privada”.

Del mismo modo, la delegada ha denunciado que la Junta de Andalucía “no va a renovar los convenios con centros de día para atención a personas mayores y con discapacidad para plazas concertadas durante los festivos y fines de semana, por lo que a partir del 1 de enero las familias deberán abonar los costes de esta asistencia”.

Ante este panorama, Carmen Collado ha destacado que “esta decisión es muy grave para las familias que tienen familiares a su cuidado y que carecen de recursos suficientes para pagar la atención que necesitan” y ha acusado a la Junta de Andalucía de “abandonar sobre todo a la población más vulnerable, que es la que más va a sufrir esta política de recortes del gobierno de derechas”.

Por último, ha añadido que “la Junta está suprimiendo impuestos a los que más recursos tienen para pagar servicios privados y a la vez, aplicando recortes de servicios públicos a las personas de menos capacidad económica, que no pueden costearse este tipo de atención especializada”.