La clave de lo que se ha dado en denominar como la 'ramificación jerezana de la trama Gürtel' no radica, al menos a estas alturas de instrucción, en saber a ciencia cierta si la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, otorgó a empresas afines al Partido Popular la organización de eventos en la edición de Fitur de 2004, todo ello, como sospecha el ministerio fiscal, sin concurso público. Como es sabido, el fantasma del 'dedazo' sobrevuela esa primera gestión de Pelayo como alcaldesa cuando pactó con el nacionalista Pedro Pacheco pero por ahora la 'pelea' va por otro lado.

Los factores clave que sirven para entender este asunto pasan, de forma indefectible, por un término jurídico llamado prescripción. La mayoría de los ciudadanos saben que si a los 20 años de perpetrarse un asesinato no se detiene y juzga al culpable jamás se podrá imputar a nadie por tales hechos y quedarán impunes.

Según el Juzgado Central de Instrucción número 5, con sede en la madrileña calle Prim, "se podrían haber cometido distintas irregularidades que podrían constituir, sin perjuicio de ulterior calificación, un delito continuado de prevaricación (...). Irregularidades, por otra parte, que estarían dirigidas a adjudicar los contratos a las empresas previamente convenidas y vinculadas a Francisco Correa Sánchez y ejecutarlos en la forma más adecuada para sus intereses".

¿Qué es una prevaricación?

Pues básicamente, y a grosso modo, hacer algo ilegal dentro del marco administrativo a sabiendas de que es así. Es lo que por ejemplo le ha costado al juez Elpidio Silva decir adiós a su carrera judicial por encarcelar a una persona sin tener motivos para ello.

¿Cuándo prescribe un delito de prevaricación?

El presunto delito quedaría impune cuando pasasen diez años, que es el tiempo máximo de condena al que se puede castigar a una persona por tal motivo, aunque no se trata de diez años de prisión sino de inhabilitación para el ejercicio de cargo público alguno. Como es fácil imaginar, una condena de esta índole contra la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, supondría que dijera adiós a la política, ámbito en el que ahora es regidora y senadora.

La cuenta de los tiempos es fácil. Hace ya once años que se celebró Fitur 2004 y, como se ha señalado, la prevaricación prescribe a los 10. Pero he aquí un matiz que se erige en clave dentro de este proceso: dicho matiz es la palabra "continuado".

No es lo mismo cometer un delito de forma puntual que haberlo cometido de forma continuada. Es por ello que el Código Penal establece que en los casos de delito continuado la pena se eleve al grado máximo pudiendo alcanzar el grado mínimo de la pena superior. Dicho con otras palabras, en caso de que el juez considere que el 'caso Fitur 2004' es susceptible de ser considerado como una prevaricación continuada la prescripción de la misma llegaría a los 15 años de la comisión de la misma. Es decir, no habría óbice para seguir adelante con la instrucción.

¿Cuándo se cometió el presunto delito?

Éste es sin duda uno de los puntos esenciales de este asunto. Según el juez Pablo Rafael Ruz, "en resolución del 15 de enero de 2004 se adjudicó el primero de los lotes a la sociedad Special Events" para el acondicionamiento de la Plaza Mayor de Madrid para un espectáculo ecuestre a cargo de la Real Escuela. En la misma fecha se adjudicó a Down Town Consulting SL un contrato para un espectáculo flamenco en los jardines de El Retiro. Las fechas se van a tornar vitales en esta instrucción pues resulta que, además, dichas tramitaciones se hicieron en un momento, llamémosle así, clave.

¿Influye la fecha de presunta comisión en el caso?

No es que influya, es que se erige en una cuestión absolutamente vital. Según defiende el conocido abogado Juan Pedro Cosano, que esta misma semana estará en Madrid atendiendo asuntos de este caso, "hasta noviembre de 2004 las prevaricaciones prescribían a los diez años, a partir de esa fecha sí se extendía el plazo en casos de delitos continuados. Lo cierto es que para hechos anteriores a noviembre de 2004 no es aplicable y la prescripción habría cumplido en enero del año pasado".

Si fuera el caso, la instrucción no seguiría adelante, el caso se archivaría aunque la sombra de la duda sobrevolaría la gestión del PP local en aquellos años de pactos con Pedro Pacheco.