La Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico ha presentado un contencioso contra la Delegación Territorial de Medio Ambiente por no haber revocado la prórroga de la concesión otorgada a la Cantina de El Titi-El Bartolo en la playa de La Casería hasta 2024, el único establecimiento que precisamente por esa autorización administrativa que ampara el ejercicio de la actividad hostelera se salvaba hasta ahora de las demoliciones previstas en esta zona del dominio público marítimo terrestre.

Así lo ha afirmado el propio delegado territorial, Daniel Sánchez Román, que en su calidad de responsable del PP provincial en temas medioambientales ha mantenido hoy una reunión con los afectados por los expedientes de Costas y con los vecinos de La Casería. El presidente local y portavoz del grupo municipal popular en el Ayuntamiento isleño, José Loaiza, también ha estado presente en este encuentro. 

El recurso de Costas, por si todavía quedaba alguna duda, deja claras sus intenciones en la playa de La Casería en aras al proyecto de regeneración que ahora está redactando y deja en el aire la permanencia del único establecimiento de la playa que hasta el momento había conseguido que se estimaran sus recursos al contar con dicha concesión de Medio Ambiente. 

Sánchez Román, en este sentido, ha aludido a la "deslealtad institucional" que supone "que nos lleven a los tribunales por haber prorrogado esta concesión totalmente legal desde Medio Ambiente" mientras que, por otro lado, se asegure que la tramitación del expediente para la declaración del conjunto como zona de interés público -lo que podría salvar las casetas y los negocios- es competencia de la delegación territorial de la Consejería.  

"Nos remiten su tramitación alegando que no es de su responsabilidad mientras ellos (Costas) está ejecutando los expedientes de demolición y la recuperación posesoria", ha advertido.

Por eso considera primordial que "como medida cautelar" para seguir adelante se paralicen las demoliciones para que desde Medio Ambiente se puedan afrontar los trámites para la declaración de La Casería como zona de interés público, algo que -ha insistido Sánchez Román- tiene necesariamente que tener un informe favorable de Costas para salir adelante con independencia de que su tramitación sea competencia de la Junta. Lo contrario, dejar que Medio Ambiente tramite dicha declaración mientras Costas sigue adelante con las demoliciones, no tendría ningún sentido. Sería "arriesgado" -y más en el contexto actual- afrontar dicho trámite sin acuerdo previo entre las tres administraciones: Costas, Ayuntamiento y Medio Ambiente.  

El encuentro del delegado territorial y responsable provincial del PP en temas medioambientales con los afectados se ha llevado a cabo después de que la alcaldesa, Patricia Cavada, el pasado viernes pidiera ayuda a la Junta de Andalucía para frenar las demoliciones previstas en la playa de La Casería toda vez que Costas había alegado que la tramitación de la declaración de interés público que podría salvar el conjunto no era de su competencia sino de la de la Delegación Territorial.