La Junta de Andalucía ha presentado denuncia por prevaricación contra el alcalde de Barbate, Miguel Molina (PA), por haber permitido la celebración del Festival Cabo de Plata durante el pasado fin de semana, a pesar de no contar con todas las autorizaciones autonómicas que requería ese evento.

Según han detallado a Efe fuentes del Gobierno andaluz, la denuncia, presentada ante la Fiscalía, también se dirige contra los promotores del evento por desobediencia, al haber hecho caso omiso a las instrucciones de la Junta para que retirara unas estructuras, que, finalmente, se mantuvieron durante los tres días del certamen.

El Festival Cabo de Plata se celebró desde el pasado viernes hasta el domingo, con la presencia de más de 100.000 personas, según el recuento de los propios organizadores, a pesar de que en los días previos la Junta advirtió de que no tenía permisos de Turismo para organizar acampadas, ni de Medio Ambiente para ocupar terrenos que afectaban a zona de servidumbre de costa y a monte público, donde se construyó un carril de evacuación.

A pesar de que el festival no contaba con todos los permisos, pero sí fue autorizado por el Ayuntamiento, y "dado el riesgo potencial de incendio", la Junta activó un dispositivo especial con el 112, el 061, el GREA (el Grupo de Emergencias de Andalucía), efectivos del Plan Infoca y agentes de Medio Ambiente. "El festival no ha contado con las autorizaciones necesarias por parte de la Junta y, en algunos casos, se ha incumplido la normativa", han indicado.

La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ya ha iniciado un procedimiento sancionador por uso de zona de servidumbre de protección de costas sin autorización, donde se colocaron carpas y escenarios, hechos que también han sido incluidos en la denuncia de la Fiscalía por si fueran constitutivos de delito.

La denuncia por prevaricación contra el alcalde especifica que el Ayuntamiento permitió la celebración del evento con su autorización, pese a conocer que no tenía los permisos pertinentes. Entre ellas, obras en un camino dentro de monte público o la habilitación de una zona de acampada que incumplía la norma andaluza de prevención de incendios y carecía del registro necesario en caso de eventos multitudinarios.

También Fomento y Vivienda ha iniciado expedientes por invadir una carretera de titularidad autonómica con infraestructuras y equipamientos para los conciertos.

La Fiscalía cuenta ya con abundante documentación sobre este evento derivada de la denuncia de la Junta y de otras dos formalizadas por Ecologistas en Acción y un particular, según fuentes judiciales consultadas por Efe.

Como ya publicó este periódico el domingo 26 de junio, el copropietario de una de las parcelas ocupadas para el evento denunció ante la Guardia Civil que no se le había solicitado autorización alguna para su celebración y que no se hacía responsable de lo que allí pudiese suceder.