San Fernando

Los derribos de La Casería llegan al Consejo de Participación Ciudadana en San Fernando

  • El órgano mantendrá este viernes la primera reunión del mandato, en la que se abordará los planes de Costas y el bloqueo de las obras del centro de salud de Camposoto 

Protestas de los afectados de La Casería a las puertas de las oficinas de la Demarcación de Costas, hace unas semanas.

Protestas de los afectados de La Casería a las puertas de las oficinas de la Demarcación de Costas, hace unas semanas. / Jesús Marín (San Fernando)

El conflicto que amenaza con el derribo de las casetas y negocios que ocupan la zona de dominio público de la playa de La Casería llegará este viernes hasta el Consejo de Participación Ciudadana, que en su reunión constitutiva -la primera que mantiene en este mandato- contará con la intervención de José María Domínguez González, vicepresidente de la asociación de vecinos de La Inmaculada, que ha venido ejerciendo en los últimos meses de portavoz de los afectados en las movilizaciones emprendidas contra la Demarcación de Costas. 

Será el primer tema que se abordará en este órgano, supuestamente con el propósito de aunar voluntades y propiciar un frente común en contra de las demoliciones que acometerá Costas en aras al proyecto de regeneración del litoral de La Casería.

En el Consejo de Participación Ciudadana que se constituirá mañana -y que preside la alcaldesa- estarán representados los concejales de los diferentes grupos políticos municipales, la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León, la Federación Isleña de Peñas y Entidades (FIPE), la Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FLAMPA) y la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos Concertados de San Fernando (FACECOSAN).  

Más allá del debate político que ha suscitado el conflicto de La Casería, hay que recordar que el movimiento vecinal ha dado su respaldo a los afectados y vecinos de este barrio en su lucha para frenar los planes de la Demarcación de Costas. El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León, Antonio Romero, participó incluso en la concentración que se llevó a cabo hace unas semanas a las puertas de las oficinas de esta administración en la capital gaditana, donde también estuvieron formaciones como PP, AxSí, Podemos y Adelante Andalucía. 

La constitución del Consejo de Participación Ciudadana y la convocatoria de una sesión para tratar un conflicto que se remonta al pasado mes de noviembre llega cuando la Delegación Territorial de Medio Ambiente ha iniciado el expediente para solicitar la declaración de interés general de la playa de La Casería, lo que podría salvar las casetas y negocios de la zona. 

Su tramitación precisa del informe favorable de la Dirección General de Costas, lo que es poco probable que ocurra -y de hecho así lo ha manifestado- al tratarse de la misma administración que promueve los expedientes de recuperación posesoría de la zona de dominio público ocupada por estas construcciones. 

Así que lo que se pretende es ejercer presión para forzar un cambio de postura y frenar las demoliciones en busca de otro camino que consiga la regeneración de la playa de La Casería sobre la base del consenso y el diálogo con los afectados y sin perder lo que entienden que es una seña de identidad de La Isla. De ahí la convocatoria del Consejo de Participación Ciudadana para tratar esta cuestión. 

En la reunión de este viernes, al margen de otros asuntos como la cesión de las instalaciones municipales de la antigua escuela de adultos (en la calle San Bruno) a la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León y a la delegación local de Afemen y la puesta en marcha por parte de Cruz Roja de proyectos con personas mayores en la ampliación del centro cívivo Pérez Gener, se tratará otro tema de ciudad: el bloqueo de las obras del centro de salud de Camposoto. 

Precisamente ayer, la Delegación Territorial de Salud confirmó que se estaba tramitando la resolución del contrato con la empresa adjudicataria de los trabajos después de que hubiese dejado plantadas las obras antes siquiera de haber comenzado. La situación, más allá del engorro administrativo que supone, obliga también a la Junta a volver a licitar las obras para poder reaundar los trabajos, lo que supone tiempo de espera añadido -tras un parón que supera ya los 9 años- para el cuarto centro de atención primaria que tendrá La Isla. 

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