El Defensor del Pueblo recibió 31.077 quejas en 2022, 2.062 más que en 2021, la mayoría de ellas relacionadas con la Seguridad Social y el empleo, con la Administración de Justicia, con la función y empleo públicos, con Interior, educación, migraciones, servicios públicos, asilo, la sanidad y la actividad económica.

Así se desprende del Informe anual de la institución, que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado este lunes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet.

"Los ciudadanos han insistido con sus quejas en que las administraciones deben reforzar la sanidad y los servicios públicos esenciales por ser éstos fundamentales en un estado de derecho robusto, justo y solidario", ha dicho Gabilondo en la presentación del informe en el Congreso, para añadir que el anterior ha sido el ejercicio en el que "se ha puesto más de manifiesto las debilidades del sistema de atención. También ha recalcado que la más "deficitaria" es la medicina familiar y ha recordado que han intervenido en relación a las listas de espera.

La institución tramitó en total 31.452 expedientes, 2.051 más que en 2021, que dieron lugar a 2.498 resoluciones a las diferentes administraciones, de las que 739 fueron recomendaciones, 1.392 sugerencias, 365 recordatorios de deberes legales y dos advertencias.

Además, inició 250 actuaciones de oficio ante distintas administraciones y recepcionó 125 solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional -que se corresponden a 11 leyes y decretos estatales y cinco leyes y decretos autonómicas-. Además, se atendió personalmente a 37.210 ciudadanos, 36.152 de ellos a través de llamadas telefónicas y 1.058 de una forma presencial.

Exclusión digital

Gabilondo ha precisado que las quejas de los ciudadanos también se han dirigido a "que los procesos de digitalización han de ser compatibles con la asistencia presencial para personas que, por determinadas circunstancias, tienen dificultad para acceder a la comunicación virtual u on line".

En este mismo sentido, Gabilondo ha puesto de relieve que han sido "cuantiosas" las quejas recibidas "por la dificultad a la que se enfrentan los ciudadanos a la hora de conseguir cita en oficinas de la Seguridad Social y en el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepes)".

"El informe que hoy presentamos a la presidenta del Congreso de los Diputados, y que ha sido registrado en las Cortes Generales, hemos tratado que fuera más ágil, breve, asequible y que retrate con claridad las principales preocupaciones ciudadanas. No es una sucesión de avatares o circunstancias que conciernen a los ciudadanos, sino que cabría decir que ellos son en gran parte los protagonistas y redactores del mismo, que constituye una determinada radiografía de la sociedad española", ha subrayado.

Por procedencia geográfica, el mayor número de quejas llegaron de la Comunidad de Madrid (7.780), Andalucía (3.394), Comunidad Valenciana (3.154) y Cataluña (2.975). Se repite la situación de 2021 cuando estas cuatro comunidades ocuparon, en este mismo orden, la misma posición en el ranking.

El Informe anual 2022 recoge, además de los datos estadísticos, un listado con los asuntos más destacados en los que ha intervenido la institución, y la actividad por áreas de supervisión a las administraciones públicas.

En relación a la investigación de abusos en la Iglesia, el Defensor señala que actualmente los trabajos "avanzan, se siguen recogiendo testimonios y se ha comenzado a redactar el informe" cuyo estado de la cuestión pretende presentar en el Congreso de los Diputados "antes de que acabe la legislatura".

Por otro lado, Gabilondo ha asegurado que desde la institución están al tanto de los debates en torno a la Ley Trans y del sólo sí es sí y que se hacer "alguna alusión" aunque considera que se han producido ya "prácticamente en 2023. En este sentido, ha recalcado que es importante que el defensor no intervenga cuando se está tramitando para evitar una incidencia política. "No es que sintamos indiferencia por esas leyes pero son muy recientes y hemos dejado cada uno trabaje según sus circunstancias", ha enfatizado.

Agilizar el Registro Civil

Sobre temas más concretos, en 2022 la institución ha formulado varias recomendaciones al Ministerio de Justicia para agilizar y mejorar los registros civiles en todo el territorio y que se adopten medidas urgentes para completar la digitalización y la modernización del Registro Civil Central. Además, han continuado recibiéndose quejas por problemas de acceso a la nacionalidad y Registro Civil que revelan un "problema estructural" que debe ser abordado "sin dilación".

Además, la situación de la sanidad penitenciaria, la enfermedad mental o la atención a personas con discapacidad han sido asuntos de especial interés. Gabilondo pide revisar el contenido y la implementación del Programa de Atención Integral a la Enfermedad Mental en las cárceles, ha recomendado al Ministerio del Interior un protocolo especifico para presos con problemas auditivos y reclama medidas para no perpetuar la desigualdad existente entre hombres y mujeres.

Aunque el defensor concluyó una actuación de oficio ante el Centro Nacional de Inteligencia por el caso Pegasus en la que determina que se actuó con respecto a las garantías legales y judiciales, avisa de que la evolución tecnológica debe propiciar una reflexión sobre la suficiencia o no del control judicial existente. "No hay que olvidar que la Ley del CNI se aprobó hace 20 años", señala la institución. Según la institución, los derechos de las víctimas de terrorismo también han sido una prioridad.

Por otro lado, muestra especial "preocupación" por los refugiados y los problemas de identificación temprana así como en la formalización de las solicitudes. "Muchos de quienes buscan protección en España se encuentra en situación de calle o precariedad. En cuestión del número de quejas, el problema que más afecta a los extranjeros en España es la demora de trámites administrativos, aunque alaba la coordinación en la atención a los refugiados por la Guerra de Ucrania.

Valla de Melilla

El Defensor ha admitido, además, "diferencias de criterio" con el Ministerio del Interior en relación al salto de la valla de Melilla en junio de 2022 que se saldó con una veintena de muertes y ha urgido a regular la figura del rechazo en frontera para evitar algunas de las situaciones como las vividas en aquel momento.

En relación a la violencia de género, Gabilondo muestra especial "sensibilidad" por la violencia vicaria y cree que "hay que garantizar una protección integral a los menores en peligro a través de servicios públicos capaces de detectar tempranamente el riesgo. Insiste la institución en la necesidad de mejorar el sistema de detección y valoración policial en esta materia. Sobre la trata, advierte de que no hay herramientas adecuadas para identificar a mujeres y niñas.

Por otro lado, permanece abierta la investigación de oficio relativa a los abusos a menores tutelados en Baleares, Madrid y Comunidad Valenciana, a las que se ha dirigido, así como a otras administraciones y se está evaluando la información.

Gabilondo también advierte de que "persiste" el problema la falta de suministro energético en la Cañada Real e insta a una colaboración más eficaz entre instituciones. Finalmente, señala que se ha detectado una falta de abordaje específico en la salud mental y un uso excesivo de contenciones y aislamiento en personas privadas de libertad.