Sevilla acogerá la sede principal del Centro Europeo para la Transparencia Algorítmica (ECAT), el instituto de investigación que ha creado la Comisión Europea para controlar que las grandes plataformas como Twitter, Google o Amazon no muestren contenido ilegal a los usuarios.

Este miércoles entra en vigor la nueva ley de servicios digitales que ha aprobado la Unión Europea para obligar a las tecnológicas a eliminar con rapidez la información ilegal que se muestra en internet, una norma que se empezará a aplicar en verano y el ECAT ayudará a que Bruselas despliegue sus nuevos poderes de supervisión.

El centro analizará el funcionamiento de los algoritmos que diseñan las tecnológicas para priorizar la información que los ciudadanos ven en internet y entender así por qué las plataformas muestran unos contenidos por delante de otros. "Si entendemos cómo funcionan, podemos anticipar y prevenir algunos de los efectos negativos de los sistemas algorítmicos, como proponer contenido ilegal o dañino a grupos vulnerables como los niños", explican fuentes europeas.

El equipo

El ECAT pretende reclutar a un máximo de 30 personas, de las cuales 20 estarán en la sede central de Sevilla y las otras diez en los centros de Ispra (Italia) y Bruselas, para poder desempeñar su función a partir del próximo mes de enero.

Informáticos, economistas, expertos en big data e inteligencia artificial, un equipo multidiscipliinar a las órdenes de la Comisión Europea para ayudarla a vigilar que las grandes plataformas cumplen las exigencias éticas que les ha impuesto Bruselas.

La ley de servicios digitales

La ley de servicios digitales obligará a las redes sociales, buscadores y también plataformas como Amazon a elaborar informes anuales para demostrar a las autoridades que toman medidas para combatir la información ilegal.

También les prohibirá mostrar publicidad personalizada a los menores de edad y exigirá a las empresas a informar a los usuarios por qué les recomienda determinados contenidos en base a su perfil. En este sentido, tendrán que darles a los ciudadanos la posibilidad de que la información que ven en internet no está basada en su perfil.

En la misma línea, la norma prohíbe el uso de los llamados patrones oscuros, trucos diseñados para engañar y manipular a los consumidores para que tomen decisiones probablemente contrarias a sus intereses.

Requisitos que deberán cumplir las plataformas con 45 millones de usuarios y, si los incumplen, la Comisión Europea les podrá imponer una multa de hasta el 6% de su facturación anual a nivel mundial.