El "duro trance vital" por el que pasó el ex consejero de Cultura, Luciano Alonso, al dimitir como parlamentario después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) fijara para los próximos 30 y 31 de enero y 1 de febrero el juicio contra él por un delito de prevaricación, quedará amortiguado por los 4.437 euros que percibirá al mes tras abandonar su escaño en la Cámara autonómica. Alonso dimitió en el pleno celebrado el pasado 22 de diciembre.

Días después, el 3 de enero de este año, el ex consejero solicitó la asignación económica temporal aprobada en 2005 por la Mesa del Parlamento. Estas cesantías recibieron aquel año el visto bueno de los grupos políticos dentro de un paquete legislativo que se dio en llamar "de impulso democrático" con el que se trataba de abrigar a los altos cargos sin derecho a cobrar el desempleo y que podrían encontrar dificultades para su reinserción laboral por el régimen de incompatibilidades.

Podemos fue el único grupo que se opuso a la asignación al ex consejero de Cultura

En su reunión del pasado día 11, la Mesa del Parlamento -ya sin el miembro de IU después de que el Tribunal Constitucional ordenara la incorporación a dicho órgano de la parlamentaria del PP Patricia del Pozo- aprobó conceder a Alonso la asignación económica temporal de 47.632 euros durante diez meses, con un pago mensual de 4.437 euros. Contra esta decisión de conceder la cesantía a Alonso votó el parlamentario de Podemos Juan Ignacio Moreo Yagüe, vicepresidente tercero de la Mesa.

El ex consejero de Cultura, que se sentará en el banquillo a finales de este mes, engrosa así la nómina de otros ex altos cargos que han recibido dicha pensión estando implicados en casos judiciales. Todos ellos abandonaron su actividad en la Administración en virtud de la guerra abierta que el Ejecutivo de Susana Díaz ha declarado a la corrupción.

Alonso dimitió al aplicarse el código ético del PSOE, por el que si un diputado va al banquillo tiene que dejar su escaño. Cuando saltó el caso de los directores fantasma que Alonso había designado como consejero de Cultura -por el que está procesado por el TSJA- el político ya no estaba en el Gobierno de Díaz. Era un parlamentario socialista. Ahora es un ex con una cesantía.