La Junta de Andalucía ha rechazado este viernes el índice precios del alquiler que ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en la línea que se han manifestado el resto de comunidades gobernadas por el PP, y con el que el Gobierno pretende hacer accesible el acceso a la vivienda en zonas tensionadas.

Desde la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, se ha apuntado que la Junta "ya mostró su rechazo a la Ley de Vivienda Estatal con la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra 16 artículos y cuatro disposiciones, que ha sido admitido a trámite como le ha ocurrido a otras comunidades como Madrid, Baleares y Cataluña".

En este sentido, la Junta aclara que "entre las cuestiones recurridas, figuraba la regulación para la declaración de zonas tensionadas, que consideramos una invasión directa de las competencias exclusivas autonómicas en materia de vivienda y del derecho de propiedad".

En opinión de la la Junta, la medida publicada por el Ministerio, que sólo va a aplicar por el momento Cataluña, no sirve para resolver el problema de estas zonas tensionadas. "En Andalucía creemos que el camino no es regular el precio de los alquileres, porque eso terminará estrangulando la oferta y elevando aún más los precios de los alquileres. Ya se ha visto durante el tiempo de vigencia de la Ley de Vivienda Estatal, donde los precios del alquiler han seguido subiendo, lo que está provocando daños en los colectivos que buscan una vivienda, en especial los jóvenes y los más desfavorecidos", apuntan desde la Junta.

Para la Consejería de Vivienda "el Gobierno de España debería olvidarse del control de precios, proteger a los propietarios y proporcionar incentivos para la promoción de vivienda a precio asequible".

En el capítulo de soluciones, el Gobierno andaluz cree que "la mejor forma de reducir los precios es ampliar el mercado de viviendas a precio asequible. Así lo está realizando desde 2019, abriendo líneas de ayudas a promotores públicos y privados que han permitido la construcción de decenas de promociones en alquiler, y se va a desarrollar una Ley de Vivienda con sello andaluz, con un texto de carácter no intervencionista, que dé certidumbre y que apueste por la nueva vivienda a precio asequible y la rehabilitación".

Suicidio inmobiliario

En un comunicado, el PP nacional augura un "estrepitoso fracaso" al índice de precios de alquileres, dado que ninguna comunidad autónoma, salvo Cataluña, ha puesto en marcha la iniciativa ni ha informado formalmente sus "zonas tensionadas" para su aplicación.

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, ha afirmado que aplicar este índice es un "suicidio inmobiliario", porque desestabilizaría aún más el mercado, reduciría la oferta y fomentaría la economía sumergida. "Error tras error", ha añadido.

Diez meses después de la puesta en marcha de la Ley de Vivienda, el Gobierno ha publicado la resolución ministerial del índice de precios de alquileres. La responsable de Vivienda del PP ha señalado que, en el tiempo de vigencia de la ley, los precios de alquiler de pisos han alcanzado "máximos históricos", con efectos "perversos" para los jóvenes y las clases más desfavorecidas.

"Este índice profundiza aún más en los errores de la ley y de este Gobierno, que vive en un mundo paralelo, de espaldas a los expertos, al mercado y a la realidad", ha indicado.

El índice se aplicará únicamente en aquellas comunidades autónomas que declaren, a solicitud de los municipios, zonas tensionadas. Hasta el momento, ninguna región ha iniciado los trámites oficiales, y sólo Cataluña ha anunciado su intención de declarar 140 zonas tensionadas. "Es sorprende y paradójico que una norma española, sólo la haya aceptado un gobierno independentista", ha señalado Paloma Martín.

El índice de referencia es una de las principales medidas de la Ley de Vivienda que, según ha recordado el PP, ha dado lugar a cinco recursos de inconstitucionalidad (presentados por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; los gobiernos de Madrid, Andalucía y Baleares; y el Parlamento de Cataluña), todos ellos admitidos a trámite. Dichos recursos afectan a casi la mitad de los artículos y ponen el foco, entre otras cuestiones, en la vulneración del derecho de propiedad, en el control del precio de los alquileres, en los criterios de identificación de las zonas tensionadas y en la invasión de competencias autonómicas.

Además de los recursos de inconstitucionalidad, los populares apuntan a que la Ley de Vivienda motivó un "dictamen adverso" del Consejo General del Poder Judicial, que incidía particularmente en aspectos como el "claro dirigismo de las instituciones autonómicas y locales", la "incisiva vigilancia" de la Administración en el uso de la vivienda por parte de los propietarios, o el "problemático encaje en el orden constitucional de competencias".

El PP recuerda que el sector inmobiliario también ha mostrado su rechazo. Según un estudio de esta misma semana del portal Idealista, el índice de precios del alquiler del Gobierno es un 32% más bajo que el precio de mercado, lo que puede contribuir aún más a la falta de oferta de viviendas en arrendamiento.

Error en la tramitación

El PP añade a las críticas de fondo y contenido, "graves errores de forma", dado que el Gobierno ha propuesto la aprobación del Sistema Estatal de Índices de Referencia mediante una resolución de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, "ignorando que este trámite requiere al menos de una orden ministerial".

La responsable del área de Vivienda del PP ha denunciado que esta medida, además de "amenazar" el mercado del alquiler, pretende imponerse con un rango legal inferior al necesario. "Un secretario de Estado carece de atribuciones para dictar una norma reglamentaria que, en el trámite que se está sustanciando, aparece definida como proyecto no normativo", ha explicado.