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Tribunales

La Fiscalía eleva a 103.000 euros la indemnización para el preso de Motril

  • La defensa de la juez Adelina Entrena, al igual que el abogado del Estado, pide la libre absolución

La Fiscalía Superior de Andalucía mantiene en sus conclusiones finales su petición de suspensión de todo empleo o cargo público durante un año y tres meses para la juez Adelina Entrena, juzgada por olvidar acordar la libertad de un preso, aunque ha elevado a 103.000 euros la indemnización para éste.

En la primera parte de la segunda jornada del juicio que sienta en el banquillo de los acusados a la que fuera titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Motril (Granada), las partes ya han fijado sus conclusiones, si bien será esta tarde cuando presenten sus informes finales y la magistrada pueda ejercer su última palabra.

Al igual que la Fiscalía, que considera a la magistrada autora de un delito contra los derechos fundamentales y que ha elevado a definitivas sus conclusiones finales, la acusación particular, la defensa y la abogacía del Estado han mantenido las suyas.

El letrado del preso José Campoy, que pasó indebidamente más de un año en prisión por un delito del que había sido absuelto, solicita que se inhabilite a la juez ocho años y 352.000 euros de indemnización. La defensa de Entrena, al igual que el abogado del Estado, pide la libre absolución.

Durante la mañana han declarado en el juicio ocho testigos, entre ellos varios funcionarios, el abogado de oficio que asistió a Campoy y uno de los jueces que sustituyó a Entrena, además de tres médicos-peritos propuestos por la defensa y otros dos por la acusación particular.

El letrado de oficio de Campoy durante el juicio en el que fue absuelto, a quien el Colegio de Abogados de Granada llegó a abrirle un expediente informativo luego archivado, ha asegurado que no podía "sospechar en ningún caso" que estuviera en prisión preventiva por la causa por la que le asistió en Motril.

Ha explicado que la sentencia en la que fue absuelto de un delito de robo le ratificó en su convicción de que estaba en libertad y que, por tanto, desconocía que fuera preso preventivo, puesto que dicha orden no le fue notificada a él, sino a otro letrado.

Por su parte, el funcionario de prisiones que informó a Campoy sobre la sentencia que le absolvía ha asegurado, frente a lo sostenido ayer por el reo, que le explicó y le leyó el fallo de la sentencia y que éste "quedó perfectamente enterado", si bien le pareció "muy raro" que no reclamara con posterioridad su libertad.

Asimismo, una de las funcionarias del Juzgado donde trabajó Entrena ha asegurado que, aunque nunca vio que allí contaran con un libro de registro de presos, ella misma introdujo en el programa informático Adriano que Campoy estaba en prisión preventiva.

La versión de esta empleada contrasta con la de otra funcionaria, encargada fundamentalmente de las ejecutorias, quien ha negado haber visto en el sistema Adriano que el preso estuviera en prisión preventiva.

Los médicos propuestos por la defensa han respondido, a preguntas del presidente del Tribunal, que pese a las numerosas bajas laborales que sufrió la juez, quien pretende demostrar el estrés y la ansiedad que padecía, sus facultades cognitivas y volitivas permanecieron intactas, si bien con muchos "altibajos".

Respecto a los daños que Campoy habría sufrido a consecuencia de su estancia indebida en prisión, los peritos propuestos por la acusación particular han explicado que sufre secuelas y trastornos adaptativos derivados de su encarcelamiento.

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