El Consejo de Gobierno ha aprobado el reglamento que desarrolla la Oficina de ex presidentes de la Junta que, según ha aclarado el portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, no supondrá un gasto adicional, "no costará un euro más a los andaluces" y que está destinada, según los requisitos que contempla a Susana Díaz, la única que los cumple. La medida, tal y como ha querido aclarar el portavoz, no tiene nada que ver con la participación de los ex presidentes en el Consejo Consultivo, cuya reforma fue aprobada por el Parlamento de Andalucía para poder dar entrada a los ex presidentes Rafael Escuredo y José Rodríguez de la Borbolla.

La Oficina tiene entre sus responsabilidades la gestión de los "medios materiales y humanos para que ejerzan sus responsabilidades y funciones", sin que eso suponga "que se les asigne un sueldo de ninguna de las maneras" y que "estará a su servicio desde el cese en el cargo hasta que cumplan los 75 años". Esto se traduce en un personal de apoyo, coche oficial, conductor y personal eventual de asesoramiento". La ex presidenta de la Junta, Susana Díaz, "ya utilizaba estos medios; lo que se va a hacer ahora es crear efectivamente esa Oficina para que no dependan de Presidencia como hasta ahora".

El coste anual hasta hoy era de 223.843,78 euros, cantidad resultante de los recursos humanos que pone a su disposición, cuyo coste cifra en 194.163,78 euros, así como otros 29.680 euros para gastos de funcionamiento, según detalla la información anexa a ese borrador de decreto. El personal que tendrán a su servicio es un asesor de nivel 30, un automóvil de representación y dos conductores, además de un servicio de seguridad o escolta. Este personal podrá ser nombrado y cesado libremente por el titular de la Consejería de la Presidencia a propuesta del expresidente o expresidenta. La ubicación de esa Oficina, "siempre que sea posible", según precisa el borrador de decreto, será "en las instalaciones del Parlamento de Andalucía".

En la historia de la Junta de Andalucía se contabilizan cinco expresidentes: Rafael Escuredo (1979-1984); José Rodríguez de la Borbolla (1984-1990); Manuel Chaves (1990-2009); José Antonio Griñán (2009-2013); y Susana Díaz (2013-2019). Pero de todos ellos, sólo la última expresidenta, Susana Díaz (Sevilla, 1974), en la actualidad senadora por el PSOE en representación de la Comunidad Autónoma, es la única que aparece como potencial beneficiaria de contar con una Oficina de expresidenta por cuanto es la única que cumple el requisito que prevé el futuro decreto, que acota hasta los 75 años la edad a la que poder acogerse a esta iniciativa.

El Gobierno andaluz justifica esta iniciativa en las previsiones recogidas en la Ley 2/2005 que regula el Estatuto de los ex presidentes de la Junta de Andalucía, norma donde se planteaba dotar a los ex presidentes de medios para que tuvieran una Oficina a su servicio. La Junta explica su iniciativa aludiendo "al tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley 2/2005" y a "la ausencia hasta el momento de un desarrollo reglamentario" para acometer esa iniciativa de poner en marcha la Oficina.

En la Disposición transitoria única del futuro decreto se señala que "será de aplicación a quienes a su entrada en vigor tengan la condición de expresidentes o expresidentas de la Junta de Andalucía, así como quienes adquieran esta condición en lo sucesivo, surtiendo efecto desde la fecha de cese en el desempeño del cargo".

En la Ley 2/2005 del Estatuto de los ex presidentes de la Junta se contemplaba que éstos, al llegar a los 65 años y tras el cese de su actividad laboral, percibirían una asignación mensual que sería del 60% de la retribución mensual que tuviera el presidente andaluz. Esa prestación desapareció con la Ley 9/2011, que modificó la Ley 2/2005. El Gobierno andaluz, presidido entonces por Griñán, encomendó a un grupo de trabajo modificaciones legislativas y normativas en materia de transparencia y calidad democrática y después de esas aportaciones "se elimina la asignación mensual prevista" para ex presidentes.