La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños, que investiga el presunto fraude en los cursos de formación relacionado con el ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda, para que reclame al BBVA más información sobre las cuentas bancarias en las que fueron ingresados 7,4 millones de euros procedentes de las ayudas concedidas para acciones formativas para los ex trabajadores de Delphi.

En concreto, la UCO reclama en un oficio la identidad de titulares y autorizados que constan en cada una de las nueve cuentas bancarias que las empresas del grupo Prescal tienen en el BBVA, haciendo constar los datos relativos a los teléfonos de contacto y direcciones postales facilitadas, así como la relación de movimientos entre los años 2007 y 2012, y en relación a las contrapartidas, información sobre “transferencias Swift, OMF y nacionales” emitidas o recibidas, cambios de divisas, etc.

En el oficio, la UCO dice que uno de los objetivos de esta investigación era “averiguar” si se habían aplicado de manera correcta los fondos públicos otorgados por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a las asociaciones controladas por Ángel Ojeda, cuyas empresas recibieron más de 33 millones de euros para acciones de formación y empleo dirigidas a los afectados por el cierre de la multinacional de automoción Delphi en la Bahía de Cádiz. De ese total, la Asociación de Empresas Aeronáuticas (AEA), la Asociación para la Sociedad de la Información (Innova), y la Asociación para la Calidad Europea (Inteca) recibieron 7,3 millones cada una, mientras que la Asociación de Apoyo al Medio Ambiente (Natura) recibió subvenciones por 5,9 millones, y la Asociación de Apoyo a la Integridad (Humanitas) otros 5,2 millones.

En marzo de 2015, la Guardia Civil ya solicitó las cuentas bancarias del “entramado empresarial”, con sus movimientos y las transferencias superiores a 300 euros, todo ello con la finalidad de “comprobar el circuito económico que habrían experimentado las subvenciones desde su ingreso en las cuentas de las beneficiarias, hasta el destino dado por éstas en el desarrollo de la actividad”.

Dice la Guardia Civil que durante el análisis de la información remitida por las entidades bancarias, que aún continúa en proceso, se ha identificados que las asociaciones de Ojeda que forman parte del grupo Prescal “transfieren la mayoría de los fondos públicos a entidades vinculadas a las que supuestamente les adquieren todos los recursos necesarios para el desarrollo de los proyectos formativos del plan Delphi”.

Los investigadores señalan que de las transferencias emitidas a las entidades de Prescal se ha observado que un porcentaje de las mismas tiene como destino cuentas titulares del BBVA, libretas de ahorro, por importe de 7,4 millones de euros, en los que los conceptos de las transferencias “aparecen en blanco, es decir, no hacen referencia, como en otros casos, al pago de facturas”. “Debido a que los fondos destinados a las cuentas de ahorro provienen de las subvenciones excepcionales concedidas para la ejecución del plan Delphi y que los movimientos identificados no hacen referencia en sus conceptos a pagos relacionados con el fin para el que fueron concedidos, resultaría necesario continuar con el estudio del canal económico de los mismo con el objetivo de esclarecer el destino último aplicado a ellos”, añade.

Por su parte, fuentes del entorno de la defensa de Ángel Ojeda han explicado que la “tesis de la defensa consiste en acreditar que todos los cursos Delphi se impartieron en su integridad por las cinco asociaciones, que todo el dinero se empleó exactamente en dar cumplimiento al fin de la subvención, que todos y cada uno de los euros recibidos están plenamente justificados, contabilizados, revisados por la autoridad fiscal y acreditados”. Por todo ello, concluyen, que “al acreditarse íntegramente la aplicación de todos los fondos recibidos, por más que se analicen las cuentas corrientes de las cinco asociaciones, el resultado siempre, a efectos de la investigación, habrá de ser el mismo”.