La juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Coín, encargado del caso Troya contra la presunta corrupción municipal en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande, acordó ayer seguir la causa por los trámites del procedimiento abreviado contra el alcalde Juan Martín Serón (PP) por si los hechos que se le imputan constituyen los presuntos delitos de prevaricación urbanística, cohecho y blanqueo de capitales. Además, decide seguir también la causa contra otras 24 personas.

La instructora dictó un auto por el que acuerda la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, que se aplica en aquellos casos en los que los delitos juzgados no superan la pena de nueve años de prisión. La instructora justifica en el documento esta decisión una vez que se han practicado "cuantas diligencias se estimaron necesarias para determinar las circunstancias de los hechos y de las personas que en ellos tuvieron participación" y tras el informe presentado el pasado mes de diciembre por la Fiscalía de Málaga.

En la resolución, la juez indica que de las diligencias practicadas "se desprende que en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande presuntamente existía un entramado en virtud del cual se concedían licencias urbanísticas que vulneraban la normativa vigente en esta materia en el momento de los hechos a cambio de retribuciones económicas".

Al alcalde se le imputa que supuestamente "conocía y dirigía la operación", mientras que el edil de Urbanismo, Gregorio Guerra, sería presuntamente el que "controlaba y contabilizaba los pagos hechos y los débitos", por lo que se sigue la causa por los delitos de cohecho y prevaricación urbanística. También se le imputa el delito de prevaricación urbanística a los asesores jurídicos, quienes supuestamente habrían informado a favor de otorgar licencias contrarias al planeamiento.

La instrucción concluye que los empresarios habrían abonado dinero por esos permisos de obras, por lo que se les imputan delitos de cohecho y prevaricación urbanística, en este caso como inductores, excepto a uno, cuya empresa se habría utilizado para ocultar el capital, por lo que se le imputa también un delito de blanqueo de capitales.

La juez insta en el texto a dar traslado al fiscal y a las acusaciones personadas para que realicen el escrito de acusación y soliciten la apertura de juicio oral o, si lo estiman, el sobreseimiento de la causa, aunque precisa que se pueda solicitar "excepcionalmente" la práctica de diligencias complementarias para formular la acusación. La juez responde así a la petición que realizó el fiscal, que estimó en su escrito que el alcalde del PP dirigió una trama de "enriquecimiento personal ilícito".