Caso de los ERE

El obispo emérito de Cádiz asegura que pidió la ayuda para el geriátrico “con buena voluntad”

  • Al inicio de su declaración ha protagonizado un anécdota con la juez, a la que ha dicho que por motivos de enfermedad ha estado a punto de comparecer “ante el juez de la Tierra y el Cielo”

El obispo emérito de Cádiz sale de los juzgados de Sevilla. El obispo emérito de Cádiz sale de los juzgados de Sevilla.

El obispo emérito de Cádiz sale de los juzgados de Sevilla. / Belén Vargas

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El obispo emérito de Cádiz, Antonio Ceballos Atienza, ha asegurado hoy a la juez María Núñez Bolaños que solicitó con “buena voluntad” una ayuda de 300.000 euros para los trabajadores del centro geriátrico del obispado.

Monseñor Ceballos ha comparecido ante la juez por espacio de sólo diez minutos y al inicio de la declaración ha protagonizado una anécdota con la juez instructora de los ERE, a la que le ha explicado sus problemas de enfermedad. “He estado a punto de comparecer ante el otro juez, el juez de la Tierra y el Cielo que es Jesucristo, y con la misma sinceridad y transparencia comparezco hoy ante usted”, ha expresado el obispo emérito.

En su declaración como investigado, Antonio Ceballos ha reconocido que firmó la carta enviada al consejero de Empleo Antonio Fernández solicitando la ayuda, algo que hizo “en defensa de los puestos de trabajo” y una vez concedida también se lo agradeció al entonces titular andaluz de Empleo porque se “salvaron los puestos de trabajo y el dinero se aplicó” para es fin, si bien el obispo ha dicho que de la subvención se encargó “la oficina del Arzobispado”.

Monseñor ha añadido que tiene “mucha sensibilidad con el colectivo de los pobres, los trabajadores y de los enfermos” y ha insistido en que solicitó la ayuda porque el geriátrico “daba muy buen servicio” a la ciudad de Cádiz.

El fiscal delegado de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga le ha dicho al investigado que no había pedido su imputación, pero ya que ésta había sido acordada iba a hacerle algunas preguntas, y la juez María Núñez Bolaños le ha preguntado si tuvo conciencia de que estaba haciendo algo ilegal cuando solicitó la ayuda, a lo que el obispo emérito respondió que aunque no sabe si había entendido bien la pregunta, lo que hizo fue agradecérselo al consejero.

Al término de su declaración en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Antonio Ceballos atendió a los periodistas, insistiendo en que actuó de buena fe. “Lo hice con buena voluntad porque soy sensible a los puestos de trabajo, lo mismo si se hubiera tratado de ustedes hubiera hecho lo mismo”, ha aseverado el obispo emérito, que ha añadido: “La ayuda se me concedió y le di las gracias de que se me concediera porque esos puestos de trabajo están hoy ejerciéndose”.

La juez instructora consideró en un auto dictado en marzo pasado que los hechos que se imputan al obispo emérito podrían presentar características que "hacen presumir la existencia de una infracción penal" y decidió imputar además de otros cuatro investigados: el ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, el ex viceconsejero Agustín Barberá, el ex director general de Trabajo Juan Márquez Contreras, y el ex jefe de servicio de la dirección general de Trabajo Antonio Diz-Lois Ruiz.

La decisión de la magistrada se produjo tras recibir un atestado remitido por la Guardia Civil de Algeciras, en el que solicitaba estas imputaciones. El informe consideraba que puede existir responsabilidad penal del prelado "por su intervención directa en los hechos con los responsables" de la Consejería de Empleo para la consecución de una ayuda económica "prescindiendo del procedimiento establecido y vulnerándose la igualdad, imparcialidad, objetividad y transparencia que debe regir los actos de la administración pública".La Consejería de Economía de la Junta acordó en febrero del 2013 el archivo de las actuaciones para solicitar la devolución de esta ayuda. La decisión contaba con el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía, al entender que la exigencia de la devolución iría en contra de la "buena fe de los trabajadores y/o beneficiarios".

En el atestado, los agentes de la Benemérita critican precisamente la decisión de la Junta de no reclamar la devolución, al estimar que la misma "carece de racionalidad, al haberse dado un tratamiento jurídico diferente con respecto a los demás expedientes, en los que se dan las mismas circunstancias de igualdad en las situaciones de hecho, evidenciando una falta de justificación razonable y posible prevaricación administrativa, al no evitarse privilegios y desigualdades discriminatorias". 

El atestado concluye que se está "dando la impresión de que con dicha actuación se buscara la redención a través de la intercesión del Obispado", según ironizaba la Guardia Civil.Los investigadores del instituto armado explicaban asimismo que el centro geriátrico del Obispado de Cádiz es un edificio convertido en la actualidad en residencia de mayores y que procede el antiguo hospital de la Misericordia-San Juan de Dios, cuyos trabajadores fueron absorbidos por la empresa que regente la residencia.

El 6 de octubre de 2008, el obispo envió una carta a Antonio Fernández solicitando la ayuda para los trabajadores, sometidos a un ERTE, lo que derivó en la concesión de esta ayuda.La Guardia Civil constata que los 300.000 euros fueron ingresados en las cuentas del Obispado, pasando a formar parte del "gasto corriente y sirviendo para abonar todo tipo de facturas". En el expediente se señala también que "no consta la relación de los beneficiarios de la ayuda económica" y que el pago no fue para 50 trabajadores, sino "para un máximo de 42 personas, dependiendo del mes" y que el importe total del gasto justificado "sobrepasa la ayuda económica concedida, por lo que la diferencia fue aportada por el propio Obispado". 

Monseñor Ceballos se ha convertido de esta forma en el segundo religioso imputado en la macrocausa de los ERE fraudulentos, tras el caso de la novicia Carmen Muñoz, que fue imputada por su actividad empresarial antes de que entrara en el convento de clausura de las Jerónimas de Constantina. La juez Mercedes Alaya imputó en 2015 a esta religiosa como presidenta de la sociedad cooperativa Megara, que recibió una ayuda de 44.000 euros con fondos públicos procedentes de la Asociación Faja Pirítica, todo ello sin que presentara solicitud ni documentación justificativa.

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