El objetivo de déficit frena los derechos sociales

  • La legalidad económica es la prioridad, y en el camino decaen solicitudes de andaluces en dificultades.

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Decenas de miles de dependientes fallecen esperando sus ayudas. De los moderados que tienen derecho desde el 1 de julio, sólo dos de cada diez disfrutan de ella. Decenas de asociaciones del tercer sector agonizan por los impagos de la Junta. Por ejemplo, la Federación Andaluza de Sordos ha anunciado un ERE para sus 32 trabajadores. Asociaciones y ONG de toda índole esperan la convocatoria de subvenciones sociales del pasado año, todavía sin fecha. Las asociaciones de atención temprana, más de lo mismo.

Los presupuestos de la Junta son finitos, y todos lo saben, pero los responsables políticos de la Administración andaluza prefieren trasladar una imagen (falsa) de vanguardia sobre la gestión de las políticas sociales, en combinación con la recriminación al Gobierno central del PP (cierta) por su responsabilidad en el recorte de los recursos.

Y más allá de esto, una paradoja: las administraciones tienen el doble mandato, contradictorio, de ajustarse a un estricto límite presupuestario, pero también la obligación de responder ante los derechos subjetivos comprometidos ante la ciudadanía.

¿Cómo se resuelve? En el caso de la Junta, presidida por la socialista Susana Díaz, prima la consecución del objetivo de déficit. Esta semana la presidenta anunció en el Parlamento que Andalucía cerró 2015 con un 0,81%, sólo una décima por encima del 0,7%. El conocimiento de las cifras de las demás comunidades autónomas mejorará el resultado andaluz.

Por el camino quedan cercenadas decenas de prestaciones sociales, con pagos postergados a ejercicios venideros y retrasos acumulados que invalidan la urgencia de las ayudas. Las quejas por el retraso en el pago del salario social son diarias. Ahora, las ayudas económicas familiares por nacimiento de hijos.

Pero los dirigentes de la Junta nunca reculan; si no hay dinero, se responde que ya lo habrá. Este pasado verano se suspendió una convocatoria para el alquiler de ayudas a personas en riesgo de exclusión social por insuficiencia de presupuesto y el consejero de Vivienda, Felipe López, tardó 24 horas en reactivarla con 1,4 millones. ¿De dónde salieron? De donde fuera.

El Defensor del Pueblo andaluz discute esta práctica en su resolución sobre las quejas por la demora en las ayudas económicas por nacimiento de hijos. El Defensor reflexiona sobre la "anomalía jurídica" que supone responder a ambos mandatos -el derecho subjetivo de las personas y la legalidad económica- y concluye que "esta contradicción no puede llevarse al extremo que denota la práctica ejecutada en las distintas delegaciones territoriales de esta Consejería -de Igualdad y Políticas Sociales-, paralizando la tramitación de expedientes en espera de que en futuros ejercicios presupuestarios pudieran existir créditos presupuestarios hábiles para esta finalidad".

El Defensor reconoce ya el derecho subjetivo a recibir estas ayudas -sin esperar a ley alguna- y afea que la Junta no sólo no resuelva las solicitudes ya presentadas, sino que continúa los trámites de las nuevas "hasta el momento de la emisión de la resolución, quedando paralizada entonces su tramitación a expensas de la existencia futura de crédito presupuestaria". Entonces al solicitante se le pone cara de objetivo de déficit.

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