Novedades en el caso del PTA, la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por las supuestas ayudas irregulares concedidas a dos empresas por el anterior gobierno local del PSOE para la compra de suelos en el Parque Tecnológico Agroindustrial de Jerez. La juez que instruye el caso, destapado por el PSA a mediados del pasado 2010, ha citado a declarar el próximo día 7 de noviembre en calidad de imputados a Juan Carlos Jiménez, ex jefe de gabinete de Alcaldía y marido de la exalcaldesa socialista, y a Javier Moreno, miembro de la ejecutiva local socialista que fue contratado por el PSOE en la delegación municipal de Fomento Económico y que recientemente salió del Ayuntamiento tras la llegada del PP al gobierno local.

Ambos se suman a los once imputados y nueve testigos que ya suma esta causa abierta por Anticorrupción que instruye el Juzgado número 5 de la ciudad. En el caso de Jiménez y Moreno, han sido llamados a prestar declaración en calidad de imputados, según ha podido saber este medio, tras ser vinculados con el caso por uno de los imputados que ya se sometió en las últimas semanas a las preguntas del Ministerio Fiscal y de la magistrada que dirige la instrucción. Entre los políticos socialistas imputados en este caso, como se recordará, están la propia exalcaldesa, Pilar Sánchez -que declaró el pasado mes de septiembre y negó su relación con las empresas supuestamente beneficiadas por las rebajas en el precio del suelo-; la antigua delegada de Medio Rural, Mari Carmen Martínez; y el ex delegado de Fomento Económico, Francisco Lebrero. También aparecen en la instrucción dos altos cargos del antiguo Instituto de Promoción de la Ciudad, otro de la Delegación de Medio Rural, un técnico que actualmente trabaja en el PTA y cuatro responsables de las dos empresas que se vieron favorecidas por la aminoración en el precio de los terrenos públicos que adquirieron en el parque.

Como se recordará, una de las empresas es Tecnología e Innovación Sanitaria SL -renombrada Sistemas Innovación de Fluidos desde marzo de 2010, momento en el que también modificó su objeto social-, la cual obtuvo una rebaja en la compra de suelo en el PTA de más de 240.000 euros (en torno al 40% del total) sin ni siquiera incluir en su objeto social actividad alguna relacionada con los criterios específicos que regían la concesión de unas ayudas destinadas a la implantación de empresas en un parque eminentemente agroalimentario. La ayuda, además, se dictaminó después de dos valoraciones del Ayuntamiento: una primera (en abril de 2007) que resultó negativa y que firmó un técnico, y una segunda (en enero de 2008) que aprobó la concesión de la rebaja de suelo y que fue rubricada por un empleado municipal no cualificado, el cual ya prestó declaración como testigo en meses pasados. Ya el PSA, que amplió el escrito denuncia reclamando la imputación de los cargos políticos vinculados al caso, recordó que el procedimiento "ha incumplido toda la normativa estatal, autonómica y local sobre subvenciones, motivos por los que se compelió a un trabajador municipal para que firmara el segundo informe de valoración correspondiente a la citada empresa dedicada a material sanitario como consecuencia de la negativa a firmarlo de los técnicos capacitados para ello".