El Grupo Municipal Socialista califica de "cínico" y "oportunista" que el PP responsabilice al anterior gobierno socialista del incremento en 5 euros de la tasa de la basura, "una gran mentira más del gobierno municipal para intentar eludir su responsabilidad en una decisión insolidaria con los ciudadanos". A juicio de los socialistas, los argumentos que aporta el PP para justificar esta medida "no se corresponden en absoluto con los términos recogidos en el convenio suscrito con Urbaser y, de hecho, este acuerdo que el PP ha roto de forma unilateral garantizaba el servicio y la estabilidad de la plantilla; recogía una subida progresiva de la tasa para equilibrar un servicio deficitario de poco más de un euro, ya que Ajemsa es una empresa pública que gestiona el agua y la basura y había que equilibrar la tasa para garantizar ambos servicios de calidad". El PSOE recuerda, además, que en todos los consejos de administración de Ajemsa "todos los partidos estaban de acuerdo en que la basura debía de dejar de ser deficitaria". Así las cosas, añade que "es evidente que el PP rompe el convenio con Urbaser de forma unilateral, dejando a la empresa sin garantías algunas de planes de pagos para afrontar las deudas pasada y futura, una ruptura que va a tener consecuencias jurídicas impredecibles y pone en peligro la continuidad del servicio y la estabilidad de la plantilla". Para los socialistas no cabe duda de que el PP "actúa desde la hipocresía, porque no sólo han roto el convenio sino que quieren hacer creer a la opinión pública que la única cláusula que tienen que cumplir es la de mantener el incremento en la tasa de la basura cuando es un hecho palpable que no está obligado a mantener ninguna cláusula de un convenio que ya han dado por finiquitado". Por tanto, "la única responsabilidad en la subida de la tasa es del PP y ya está bien de que eluda su responsabilidad y mienta por sistema achacando toda la responsabilidad al anterior gobierno".

Por último, el PSOE señala que "es curioso también que el PP recurra a la memoria de Ajemsa para justificar esta medida, ya que se está basando en documentos en los que se prevé que la empresa municipal sea pública al cien por cien y gestione el agua y la basura, si bien lo cierto es que el PP va a privatizar la gestión del ciclo del agua y no ha desvelado aún cuál va a ser el futuro de esta empresa pública".

Por su parte , la alcaldesa, María José García-Pelayo, ha convocado una reunión, que tendrá lugar hoy jueves con los sindicatos, con la Confederación de Empresarios de Cádiz, Cámara de Comercio y la Federación de Asociaciones de Vecinos 'Solidaridad' para explicarles la modificación en el recibo de la basura que se debatirá en el pleno ordinario del mañana viernes. Una modificación que -según insiste el PP- "deberá aplicar el nuevo gobierno ante la obligación de dar cumplimiento al convenio firmado por el Ejecutivo del PSOE con Urbaser en marzo de 2011 y que fue aprobado en pleno. La actualización de las tarifas para equilibrar el déficit presupuestario está igualmente recogida en la memoria económica de Ajemsa".

En concreto, García-Pelayo explicará a los representantes de los distintos agentes sociales los motivos que han llevado aplicar la subida del recibo de la basura, que entrará en vigor el 1 de julio. Igualmente, en el encuentro se explicarán las bonificaciones con las que cuenta actualmente el Ayuntamiento, así como de la que hay previsto aprobar el viernes para las familias numerosas.

El encuentro ha sido organizado "al entender que es un asunto que preocupa a los ciudadanos y que, por tanto, requiere informar del mismo para aclarar cualquier duda sobre este asunto". En la reunión estarán también presentes distintos delegados del gobierno municipal y técnicos municipales que explicarán la modificación de la tasa y los beneficios para los ciudadanos sin capacidad económica, personas mayores o familias numerosas. Así, se dejará claro que el Ayuntamiento mantiene la bonificación del 90% para las personas sin recursos; por otro con una bonificación del 25 por ciento para los pensionistas mayores de 65 años cuyos ingresos no superen el 150% del IPREM (Índice Público de Renta de Efectos Múltiples).