Pilar Sánchez, exalcaldesa de Jerez, ha llevado al Ayuntamiento a los tribunales porque pretende que sea esta institución la que le abone sus gastos en abogados por los dos procedimientos judiciales que tiene abiertos en la actualidad, conocidos como 'caso PTA' y 'caso de los asesores'. En el primero está imputada por cuatro presuntos delitos (prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias y malversación) y dos en el segundo (falsedad y prevaricación). En la actualidad, la exregidora tiene abierta, a instancia suya, una acción legal contra el Ayuntamiento de Jerez en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en la que solicita que o bien sean profesionales del gabinete jurídico del Ayuntamiento quienes le defiendan o, en su detrimento, que se le abonen los gastos que deba desembolsar por tal motivo.

La película de los hechos comienza el 28 de junio de 2011 cuando Pilar Sánchez presenta un escrito ante el Ayuntamiento de Jerez, poco más de un mes después de haber sido derrotada en las urnas. En él solicita que la administración local le represente, defienda y le surta de asistencia letrada en los dos procedimientos que tenía abiertos por entonces, 'PTA' y 'asesores', los cuales siguen en la actualidad su curso en los juzgados.

Según pudo saber este medio, tres semanas más tarde, concretamente el 18 de julio de 2011, la exalcaldesa socialista presenta un nuevo escrito ante el Ayuntamiento reiterando la petición realizada en la referida fecha del 28 de junio de 2011. Fue el 5 de agosto cuando la junta de gobierno local, en contestación a las solicitudes de Pilar Sánchez y tras seguir los dictámenes de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, adoptó el acuerdo de desestimar las solicitudes realizadas por Pilar Sánchez. La base de dicha decisión estriba en que la normativa local deja bien claro que los concejales, cargo que ostenta en la actualidad la exregidora, "no tienen derecho a representación jurídica a cargo del Ayuntamiento".

La comunicación de esta determinación se realizó el pasado 29 de agosto, jornada en la que se le dieron las referidas explicaciones y se le informó de que contra dicha resolución cabía interponer un recurso contencioso-administrativo. Pocos pensaban que fuera a hacerlo, pero lo cierto es que el 13 de septiembre Pilar Sánchez Muñoz interpuso una demanda contra el Ayuntamiento en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, servicio judicial con sede en el edificio de la Audiencia Provincial de Jerez, es decir, la Sección Octava. De esta forma impugnaba el acuerdo adoptado por la junta de gobierno local.

En el recurso presentado ante el Contencioso-Administrativo la exalcaldesa pide que se dicte una sentencia que revoque el acuerdo de la junta de gobierno y que se condene al Ayuntamiento de Jerez a asumir los gastos correspondientes generados por los profesionales encargados de su representación y defensa en los procedimientos abiertos en los juzgados número 3 y número 5 de la ciudad. Según ha podido saber este medio, el Ayuntamiento ya se ha personado ante la sede judicial referida solicitando que no se admita el recurso. La base de tal solicitud es clara: "Los concejales no tienen derecho a asistencia jurídica por parte de los profesionales de los servicios jurídicos del Ayuntamiento".