Ayuntamiento y comité de empresa de Urbaser ofrecieron ayer dos versiones opuestas de lo acaecido en Jerez con motivo de la contratación de una empresa externa para la recogida de basura, fuertemente escoltada por la Policía Nacional, y los altercados supuestamente protagonizados por trabajadores de Urbaser, hechos que el gobierno local pondrá hoy en conocimiento de la autoridad judicial junto al expediente que justifica la decisión adoptada por el gobierno local.

En el relato de los hechos de Pelayo, quien compareció en rueda de prensa a media tarde acompañada de los tenientes de alcalde Antonio Saldaña, Felisa Rosado y Javier Durá, la intervención urgente de Tragsa (Transformaciones Agrarias, S.A.), y de carácter "excepcional", se justifica en la doble obligación que tiene el Ayuntamiento con la ciudadanía, "la legal de garantizar la salud pública y la moral de impedir que los jerezanos vivan entre basuras".

La versión municipal señala que trabajadores de Urbaser recibieron a pedradas a los vehículos de la empresa contratada sobre las cinco de la mañana, ocasionando graves daños en la cara a un empleado de Tragsa, hospitalizado en Cádiz, y a los camiones. La denuncia del gobierno local habla de sabotaje, daños materiales y lesiones, por lo que requiere a la autoridad judicial que investigue.

Los incidentes retrasaron la labor de Tragsa, que según Pelayo, no pudo iniciar la retirada de residuos hasta mediodía y que se prolongó hasta las diez de la noche, con especial atención a la zona norte, la más afectada por la acumulación de basura, y a la zona sur, mientras que los servicios mínimos de Urbaser se centraron ayer en pedanías y barriadas rurales. Según la regidora jerezana, Tragsa, "que estará los días que tenga que estar", se limitó ayer a retirar sólo lo que excede de los residuos que debe acumular la ciudad con el estricto cumplimiento de los servicios mínimos establecidos por el TSJA, entre 30 y 40 toneladas, según las previsiones.

Junto a la denuncia, el Ayuntamiento entregará al juez abundante documentación que avala la actuación municipal, en particular un informe elaborado por técnicos municipales de Medio Ambiente que, según la alcaldesa, es "clarificador" ya que refleja la situación extrema de la ciudad por la acumulación excesiva de basura tanto por los cinco primeros días de huelga con los servicios mínimos del 10% decretados por la Junta como por el "incumplimiento" por parte de los trabajadores de Urbaser de los servicios mínimos del 50% dictados posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Según el informe, la ciudad genera cada día 274 toneladas de residuos, de los que en los cinco primeros días de huelga -del 2 al 6 de noviembre- se recogieron 12 toneladas diarias, que luego aumentaron hasta 94 toneladas con el auto del TSJA, por lo que Pelayo recalcó que la cifra aún está lejos de las 137 toneladas diarias que representa la retirada al 50%.

La dirigente popular lamentó la "relajación" con la que los trabajadores de Urbaser asumieron el fallo del alto órgano judicial y que ha llevado a que la ciudad ayer acumulara 3.300 toneladas (más de tres millones de kilos) de basura en sus calles.

El expediente se acompaña de un informe sobre las consecuencias higiénico-sanitarias de la basura acumulada y que, según los técnicos de Medio Ambiente, se han visto agravadas por las últimas lluvias. El informe detalla textualmente que las epidemias pueden propagarse con mucha rapidez y recomienda la adopción de medidas urgentes por riesgo de epidemiología en las calles por la abundancia de roedores, pulgas, gusanos, bacterias... y riesgo de contraer enfermedades como el tifus o la difteria.

La alcaldesa anunció igualmente que entre la documentación que se presentará hoy al juez figura un informe de Tragsa que ratifica la presencia de "ratas con el tamaño de gatos", así como "el informe sui generis de la Junta", en alusión al reconocimiento por parte del delegado del Gobierno andaluz de los problemas de salud en la zona rural, para la que requería la intervención municipal ante la huelga de la basura.

Pelayo explicó que la decisión de recurrir a Tragsa se aprobó en junta de gobierno local el pasado viernes y que se ha dado traslado del expediente completo al Gobierno central, documentación que ha sido validada por la Abogacía del Estado, si bien puntualizó que "en ningún caso se deja sin efecto el contrato con Urbaser ni se libera a la concesionaria de sus obligaciones".

Pelayo tuvo palabras de agradecimiento a la actuación de la Policía Nacional, que calificó de "impecable" e insistió en que el gobierno local ha hecho lo que tenía que hacer y no mirar para otro lado", porque "no vamos a dejar que los jerezanos vivan entre basuras y ratas" y "si tenemos que esperar a que la Junta mueve un dedo, nos comen las ratas".