El área de oportunidad de Jerez Sur, una reserva de algo más de tres millones de metros cuadrados de suelo para levantar principalmente vivienda protegida, que pactó en diciembre del año pasado el Ayuntamiento con la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, podrá ver la luz antes de que entre en vigor la revisión-adaptación del PGOU de Jerez. De este modo, si para que el planeamiento urbano reciba el visto bueno definitivo del Gobierno andaluz resta, si no hay contratiempos, algo menos de medio año, esta enorme extensión de terreno podrá empezar a desarrollarse en "unos meses", según han confirmado a este Diario fuentes del gobierno local.

De hecho, como avanzó hace escasas fechas la alcaldesa, Pilar Sánchez, ya se tiene muy avanzado el proyecto de reparcelación de los suelos -sectores Cerro del Moro y Rancho de Colores-, que se ha encargado expresamente al reconocido urbanista y ex concejal de la era Pacheco, Manuel Ángel González Fustegueras. Éste es justamente uno de los trámites finales previos a la puesta en carga del crecimiento, por lo que en cuestión de meses se podrá comenzar a urbanizar el suelo y construir, "por fases", las promociones inmobiliarias, tanto las de vivienda pública como las de renta libre.

Por si hubiera dudas de que los movimientos sobre este terreno son inminentes, el nuevo delegado provincial de Viviendas y Ordenación del Territorio, Gabriel Almagro, ha recibido recientemente una misiva, a la que ha tenido acceso este medio, del anterior responsable en el cargo, Pablo Lorenzo (en su caso, delegado de Obras Públicas), instándole a que "tramite el convenio entre la Junta y el Consistorio jerezano para la delimitación de una reserva de terreno en suelo no urbanizable". En esa correspondencia entre delegados, Lorenzo resalta que "los suelos incluidos en la reserva están clasificados como 'no urbanizable', tienen una superficie aproximada de 300 hectáreas (...), y con una capacidad estimada de 9.000 viviendas protegidas". Lo que no expone en el escrito es que, al margen de ese inmenso parque de VPO que se incluye en el Pacto Local de Vivienda 2008-2018, Tremón y Reyal Urbis, propietarias mayoritarias de los suelos, podrán construir en torno a 5.000 nuevas viviendas de renta libre en horizontal. No obstante, según han asegurado diversas fuentes al hilo de lo anterior, la edificabilidad aún está por concretar, pero es seguro que la cifra rondará la anterior.

Una manera, como ya se publicó en su momento, de compensar a ambas promotoras por el 'tijeretazo' que el gobierno municipal se ha visto obligado a dar en la previsión de viviendas del Plan General a raíz de los dictados del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). De hecho, de las 40.000 viviendas planificadas por Pacheco a diez años vista se pasó al tope máximo de 22.000 que impuso la norma autonómica. Aunque finalmente, tras la futura puesta en carga de este área de oportunidad, serán prácticamente 36.000 las viviendas que se puedan edificar en Jerez. Esto es, sólo unas 4.000 menos -cantidad que puede descender aún más en función de las alegaciones que se acepten- que las previstas por el Plan original. ¿Dónde estriba la diferencia? En que ahora gran parte de esos hogares se destinarán a promociones públicas y además serán suelos de interés metropolitano.

Respecto a lo anterior, Lorenzo explica a Almagro en su misiva: "Debe entenderse esta reserva de terrenos con carácter supramunicipal, lo que justifica la intervención de la Junta de Andalucía. De ahí que el crecimiento que ello supone no debe estar sometido a los límites de crecimientos municipales establecidos en el artículo 45 del POTA, no contabilizándose por tanto dichos crecimientos en el PGOU del municipio de Jerez de la Frontera, actualmente en revisión". Y concreta aún más al recordarle al delegado provincial que "éste era el sentido que se traslucía de la firma del citado convenio -en alusión al acuerdo que pactaron Concepción Gutiérrez, consejera de Obras Públicas en aquel momento, y la alcaldesa-". Y es que, destaca Lorenzo en la carta remitida a Almagro, "como se establece en el expositivo I, la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva en la Ordenación del Territorio y del Litoral, Urbanismo y Vivienda, así como el desarrollo y la gestión de la planificación general de la actividad económica de conformidad con lo preceptuado en el Estatuto de Autonomía andaluz".

Al margen de lo anterior, la Junta obliga a que estos nuevos desarrollos urbanísticos supramunicipales contemplen un plan de movilidad y transporte, así como suelos destinados a dotaciones públicas, como sistemas generales (zonas verdes) y espacio suficiente reservado a futuros equipamientos para los sectores, donde deben incluirse centros educativos, consultorios y demás servicios.