Jerez

Solidaridad se opone a la Ley General de Telecomunicaciones

  • El colectivo alerta de que su aprobación "daría campo abierto a las compañías de telefonía móvil"

"De aprobarse esta Ley todo lo que hemos conseguido en Jerez no servirá para nada. Las compañías de telefonía tendrán campo libre para hacer y deshacer a su antojo". Con estas palabras denunció ayer el vocal de Medio Ambiente de la federación vecinal Solidaridad, Francisco Gil, las consecuencias de la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones. El colectivo ya teme que de tener el visto bueno este documento, "las empresas instalarán todas las antenas de telefonía que quieran. Con esta Ley se pone en la mano de las compañías una herramienta que recorta los derechos de los ciudadanos".

Para que la ciudad no se vea "perjudicada" por el decreto, la federación pretende entregar hoy al gobierno local y a los partidos de la oposición un escrito en el que se solicita para el próximo pleno "la moción al proyecto de Telecomunicaciones". En la exposición de motivos, Solidaridad explica que "especialmente relevante es el impacto local provocado por las antenas base de telefonía móvil, visible en la preocupación ciudadana reflejada en el 'Eurobarómetro Especial sobre campos electromagnéticos', en las numerosas denuncias de conglomerados de cáncer en el entorno de las antenas y en las innumerables movilizaciones y peticiones vecinales manifestadas a nivel municipal en todo el territorio español". Gil reiteró que -y así también consta en el documento de la federación- que "desde 1998, conferencias y declaraciones médicas y científicas de todo el mundo llaman a aplicar el principio de precaución en la línea del principio 'Alara', tan bajo como sea razonablemente posible, con límites y criterios más restrictivos ante una creciente evidencia de los efectos no térmicos de la exposición a la radiación no ionizante en todas las frecuencias".

El proyecto de Ley General de Telecomunicaciones "somete directamente el despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas a las disposiciones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en nombre de la competencia exclusiva del estado, usurpando la competencia municipal para otorgar licencias, perdiendo el estudio de la evaluación ambiental, y las competencias municipales y autonómicas en el campo de las telecomunicaciones", continuaron explicando desde el colectivo vecinal.

Solidaridad insta al Gobierno Central "a que promueva un despliegue de las telecomunicaciones seguro y saludable escuchando a todos los actores afectados, como los gobiernos autonómicos y locales, y especialmente a la sociedad civil, atendiendo a las recomendaciones de la resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre 'Peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos sobre el medio ambiente".

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