Los concejales del PP Antonio Saldaña y Agustín Muñoz han sido imputados por un delito medioambiental tras la denuncia presentada el pasado año por tres vecinos de La Canaleja, que se dirigieron a la Fiscalía para denunciar la situación que padecían a causa de un criadero de pollos ubicado en la zona. En concreto, según explicaron los afectados en su momento, "ante la falta de respuesta de las delegaciones de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento a un problema de ruidos que viene siendo denunciado desde abril de 2011, los vecinos de La Canaleja número 17 decidieron, en una reciente reunión de la comunidad de propietarios, dirigirse a la Fiscalía de Cádiz para que investigue la situación y determine si existe algún tipo de responsabilidad penal o civil, por la falta de actuación del Ayuntamiento para solucionar el problema que vienen padeciendo y que a pesar de las muchas promesas sigue todavía sin solucionarse". Tras esta denuncia y las imputaciones de Saldaña y Muñoz (como delegados de Urbanismo que ha sido uno anteriormente y otro, en la actualidad), el Ayuntamiento ha remitido toda la documentación al juzgado para explicar que sí está actuando.

En concreto, el pasado año, el gobierno local ya aseguró que "en ningún momento se han desatendido las quejas presentadas por los vecinos de La Canaleja sobre las graves molestias ocasionadas por un criadero avícola cercano a sus residencias" y puntualizaron, además, que "en la actualidad se está trabajando para dar una solución a este caso". Así las cosas, el gobierno local explicó el pasado año que, tras la denuncia de los vecinos, y una vez hecha la inspección, "los propietarios de la granja solicitaron una autorización para la tenencia de animales. Desde el Ayuntamiento se tramitó la solicitud de licencia de apertura y se denegó, decretándose la orden de clausura". Ante eso, según la versión municipal, los propietarios "recurrieron tanto la denegación de la licencia como la orden de clausura, alegando que la granja no es una explotación económica vinculada a animales", ya que alegan que se dedican a criar el denominado gallo combatiente español . Para defender esta postura presentaron un informe de la Junta de Andalucía en el que se asegura que se trata de una actividad privada, no económica. Desde el Ayuntamiento se estimaron estos recursos en base al informe de la Junta. No obstante, esta situación "no ha significado que el Ayuntamiento haya dado por archivado este asunto, trabajando ahora por la vía medioambiental, lo que puede dar lugar a fuertes sanciones e incluso a la clausura de la actividad". Además, el PP insistió en su momento y lo volvió a hacer ayer en que no se ha "quedado de brazos cruzados ante estas denuncias, ya que se se está trabajando en la vía medioambiental. Se están tomando todas las medidas que le corresponden para poder dar una respuesta a las quejas vecinales y solucionar el problema provocado por estas instalaciones".