La Audiencia Nacional ha declarado nulo el despido colectivo realizado por Transportes Buytrago, que afectó a un millar de trabajadores, 30 de ellos de la empresa en sus instalaciones en Jerez. Anula así el Expediente de Regulación de Empleo y le obliga a readmitir a los empleados afectados en las mismas condiciones que tenían antes de abandonarla, a los que deberá abonar los salarios de tramitación desde el pasado 29 de abril.

Según los magistrados, ha quedado acreditado que Anylu SA y Transportes Buytrago SA no participaron en el periodo de consultas cuando debieron hacerlo. Además, la sala da por probado también que no se aportó la documentación completa de dichas empresas, lo cual "incidió negativamente en que el periodo de consultas alcanzase sus fines", con lo que consideran procedente declarar la nulidad.

La plantilla de Buytrago en Jerez recibió ayer la sentencia de la Audiencia con sorpresa, ya que los magistrados se han pronunciado antes de lo previsto. "Todo el mundo se ha puesto a llorar cuando se ha enterado. Hemos pasado mucho, ha sido mucho esfuerzo, unas guardias interminables... Estamos muy contentos", explicó Joaquín Vega, delegado sindical, quien añadió que "ahora tenemos que esperar qué dice la empresa y los abogados de CCOO, que, por cierto, se han portado estupendamente con nosotros".

Cabe recordar que los empleados jerezanos han realizado cada día, desde que se anunció el cierre, guardias en las instalaciones de la empresa de transporte, ubicadas en el Parque Empresarial, para evitar que la dirección retirara de la nave los materiales y vehículos. El pasado 12 de marzo, saltó la noticia y la plantilla ya apuntaba al "inexplicable" parón de la actividad, que en una semana pasó en Jerez de casi un millar de expediciones a sólo cinco. Desde CCOO señalaban que de manera previa, la empresa había cesado en la actividad a principios del mes de marzo, no recogiendo la mercancía de los clientes y cerrando los centros de trabajo, algo que desde el sindicato siempre habían considerado "como una maniobra empresarial con efectos claramente liquidatorios, dejando sin trabajo efectivo a todos los empleados de la misma".

Fue el día 11 cuando la empresa confirmó sus planes y comunicó a todas las delegaciones la concesión de un "permiso retribuido" a la plantilla hasta que se negociaran las condiciones del ERE. A diferencia del resto de delegaciones, donde las naves estaban ya vacías y la empresa había evacuado los camiones, en Jerez los trabajadores denunciaron con anterioridad un posible "alzamiento de bienes" y "hay orden de magistratura de que no salgan los vehículos", que según el delegado sindical "están estacionados en las naves para su salvaguarda".

CCOO destaca que la sentencia "considera demostrado la existencia de un entramado empresarial, que enmascara al verdadero empleador formado por todas las empresas del grupo, incluida la patrimonial". En el juicio, celebrado el pasado 20 de noviembre, se puso de manifiesto la actitud previa de la empresa, así como la no inclusión dentro del proceso de los despidos colectivos a la empresa patrimonial ANYLU SA, "que es donde realmente se encontraban incluidos la mayoría de los activos de la empresa". La Audiencia considera que no se puso en juego en el periodo de consultas el "cuantioso" patrimonio inmobiliario existente, máxime cuando se alegó la imposibilidad de hacer frente a los salarios e indemnizaciones pendientes de pago a los trabajadores, indicaron ayer desde CCOO.