El Sindicato Independiente de la Policía Local (SIP) y la Confederación General de Trabajadores (CGT) se levantaron ayer de la Mesa General de Negociación en la que se intentaba pactar con el gobierno local el cuadro horario de la Policía Local para el año 2016. Según ambos sindicatos, "al haber recuperado tres días de asuntos propios de los que se perdieron en el año 2012, según el artículo 8 del reglamento de la Mesa General de Negociación (Reglamento en vigor y publicado en el BOP con fecha 4/01/2013), el número de horas de trabajo efectivo que deberemos realizar se ha reducido a 1.642 horas en el cómputo anual".

Por ello, SIP y CGT presentaron ayer "una propuesta de cuadro horario en el que realizamos las 1.642 anuales, pero reflejando que la reducción horaria de verano se ampliase desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre con una jornada de cinco horas y media, única forma de conseguir trabajar las 1.642 horas establecidas por la resolución de 16 de septiembre".

El gobierno municipal, por su parte, presentó, según SIP y CGT, "una propuesta de cuadro horario igual a la de los años anteriores para 2016, sin contemplar la reducción de horas establecida por la citada resolución, decisión que perjudica a toda la plantilla vulnerando su derecho a realizar las horas legalmente establecidas". La delegada de Recursos Humanos y presidenta de la Mesa, Laura Álvarez, "con una actitud déspota y dictatorial -según el SIP-, impidió que se votara la propuesta sindical y sometió a votación únicamente la propuesta de la empresa (el gobierno local), vetando el turno de palabra y manifestando que ella es la presidenta y que lo hace en virtud de sus funciones".

Por este motivo, los representantes del SIP y de CGT, que conforman la mayoría sindical en la Mesa, abandonaron la sala, quedando en la misma el resto de secciones sindicales y los responsables del gobierno local.

CGT dice que el gobierno local "se negó a debatir nuestra propuesta basándose en la existencia de un hipotético informe jurídico que la declara contraria a la legalidad. Informe jurídico que no es más que un escrito de un folio sin antecedentes de hecho, sin fundamentos de derecho y sin firma".

"Esta actuación ha sido puesta en conocimiento de nuestra asesoría jurídica para emprender las actuaciones legales oportunas ante un ataque tan directo al derecho a la negociación", concluye CGT.

El gobierno municipal, por su parte, afirma en un comunicado que ha presentado "una propuesta de cuadro horario para el próximo año que cumple la legislación vigente y el convenio por el que se rige actualmente la plantilla municipal".

El gobierno aclara que la propuesta presentada por los sindicatos SIP y CGT no ha llegado a debatirse "al no cumplir la legislación vigente ya que contemplaba un cómputo anual de horas muy por debajo de lo que establece la ley para los empleados públicos".

"La propuesta presentada por el SIP recogía que desde el 1 de junio al 30 de septiembre, los trabajadores municipales trabajaran sólo 5.30 horas diarias. De esta propuesta se desmarcó a última hora el sindicato CGT, que presentó su propia propuesta elevando el cómputo de horas hasta las 6.30 horas diarias. Es decir, proponen entrar a las 8 y salir a las 13, 30 horas o 14,30 horas en la segunda propuesta, durante cuatro meses al año".

El gobierno considera que si se llevara a cabo este cómputo horario "supondría una importante merma de la calidad de los servicios públicos que se prestan desde el Ayuntamiento. Asimismo, supondría que, para poder prestar esos servicios de calidad, los trabajadores municipales tendrían que recurrir a realizar horas extraordinarias y compras de libranzas, lo que supondría un importante incremento de los gastos de Personal para el año 2016 que, sin embargo, por ley tienen que reducirse en un 5 por ciento".

La propuesta municipal, rechazada por ambos sindicatos, "cumple el Real Decreto de 18 de septiembre vigente actualmente, así como el convenio municipal aún en vigor y aprobado por las centrales sindicales, recogiendo tanto los periodos vacacionales como los asuntos propios establecidos por ley para los empleados públicos".

El gobierno realiza igualmente un "llamamiento a la cordura" a los sindicatos para que se puedan "volver a sentar para negociar unas condiciones laborales dignas para la plantilla y que no supongan una merma de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos y un encarecimiento del capítulo de Personal".