Los frentes en materia de personal del gobierno de Jerez

El ejecutivo lanza un ultimátum

  • Esta mañana habrá otro intento para negociar con los sindicatos la implantación de las 37,5 horas en el Ayuntamiento. Si no se celebra el encuentro, se adoptarán "decisiones".

En nueve días, los trabajadores municipales deberían comenzar a trabajar 37,5 horas semanales mediante la aplicación de un nuevo cuadro horario que reduzca al mínimo indispensable e ineludible la necesidad de recurrir a horas extras y al abono de productividades. Sin embargo, aún no está claro si esta medida para disminuir los gastos de personal -uno de los principales compromisos adquiridos por el ejecutivo local con el Ministerio de Hacienda- podrá aplicarse en esa fecha que el equipo de gobierno se autoimpuso a principios de verano.

Desde mediados de julio ha convocado hasta en 26 ocasiones la mesa general de negociación, el órgano conformado por representantes del gobierno y de los sindicatos para abordar cuestiones laborales donde se pretende alcanzar un acuerdo para la aplicación de estas medidas. Sin embargo, desde el inicio se ha encontrado con la oposición de los dos sindicatos mayoritarios (CGT y SIP) y de CSIF, un trío que solo ha acudido a dos de las convocatorias. Para esta mañana está prevista la última reunión de las previstas en el calendario fijado hace más de un mes aunque todo apunta a que se repetirá el mismo guión con la ausencia de los miembros de los tres sindicatos opositores -su presencia es fundamental puesto que este órgano no puede celebrarse ya que, al ser estos mayoría, no se alcanza el quórum necesario-.

Sin embargo, ayer la delegada de Recursos Humanos, Laura Álvarez, lanzó un ultimátum. "Mañana (por hoy) termina el ciclo de reuniones y tocará tomar decisiones", dijo instantes después de visitar las obras que se están realizando en el instituto Fernando Quiñones. De hecho, avanzó que hoy se acudirá a la reunión y que, en el caso de que no haya cambios en su actitud, el ejecutivo actuará en consecuencia. "Nos volveremos a reunir y luego la alcaldesa [Mamen Sánchez] tomará una decisión y la comunicaremos públicamente", dijo. Mientras, la regidora no fue tan tajante pero sí insistió en que se mantiene la "voluntad negociadora" ya que se "van a apurar todos los plazos". Eso sí, no apuntó, tal y como hizo la delegada de Recursos Humanos, que ese plazo puede culminar hoy.

Entre los argumentos esgrimidos por los tres sindicatos es que la propuesta del ejecutivo modifica sustancialmente el acuerdo convenio que regula las relaciones laborales en el Ayuntamiento por lo que, a su juicio, debería abordarse en otro órgano de negociación. De hecho, desde el principio han insistido en que están convencidos de una presunta irregularidad del procedimiento. Asimismo insisten en que los planteamientos supondrán una merma de las condiciones de trabajo de la plantilla municipal.

Mientras tanto, el ejecutivo local, que acusa a estas voces discordantes de "boicotear" el proceso, insiste en que es ineludible la puesta en marcha de estas medidas. "En el Ayuntamiento de Jerez no se trabajan 37,5 horas semanales pero sí se pagan, por lo que hay que volver a la normalidad de cualquier administración pública y conseguir, por otro lado, el dinero que hace falta para hacer frente a otras necesidades que tiene la ciudad como las políticas de bienestar social", razonó la primera edil. El plan de ajuste elaborado por el ejecutivo local y autorizado por el Ministerio de Hacienda contempla una reducción de 3,4 millones de euros en el capítulo de personal solo en este año. La mayor disminución debe realizarse en el abono de productividades, el complemento salarial que premia a los trabajadores municipales por una "especial dedicación" a su labor. El reparto de este concepto salarial lleva años generando controversia ya que no hay un criterio claro para su asignación, una carencia que se pretende solventar con la elaboración de un reglamento que lo regule y que también está pendiente de concretarse con los representantes sindicales.

El plan de ajuste incluye también otras medidas como la reducción de los pagos por gratificaciones extraordinarias a la plantilla o la disminución de otros complementos salariales. Por ello, la delegada de Recursos Humanos insistió ayer: "No vamos a reducir los salarios base pero sí reducir la parte variable de la nómina como las compras de libranzas, las horas extras y las gratificaciones con el nuevo cuadro horario. El objetivo no es otro que optimizar los recursos humanos existentes y repartir de otra forma el trabajo que hay".

Por lo tanto, casi dos meses después desde que el Ministerio de Hacienda diera el visto bueno al plan de ajuste, el ejecutivo no ha podido poner en aplicación las medidas de mayor calado. En este documento prevé un ahorro total para este ejercicio de unos 5,6 millones de euros, de los que el 60% deben proceder del capítulo de personal. Se busca el consenso con los sindicatos para ello pero, por el momento, no solo no se ha avanzado sino que no ha logrado sentar a la parte social (sindicatos como CCOO, UGT y ATMJ sí acuden a la reunión y han mostrado su predisposición a hablar) para, al menos, intentarlo.

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