El pasado lunes, la delegada de Recursos Humanos, Laura Álvarez, advirtió que, en el caso de que ayer no se pudiera empezar a negociar con los sindicatos la implantación de la jornada de 37,5 horas semanales en el Ayuntamiento, se comenzarían a adoptar "decisiones". Tal y como se preveía, el encuentro convocado no se desarrolló puesto que CGT, SIP y CSIF volvieron a ausentarse; sin embargo, esa decisión anunciada se ha limitado a fijar una nueva reunión para la próxima semana que ha vuelto a ser tildada como la "última", un calificativo que, por cierto, se utilizó para la cita de la mañana de ayer.

En la mañana de ayer estaba prevista una nueva reunión de la mesa general de negociación, el órgano encargado de abordar los asuntos laborales en el Ayuntamiento. Sin embargo, CGT, SIP y CSIF volvieron a ausentarse impidiendo así que se pudiera celebrar dado que no había el quórum exigido reglamentariamente. Tras esto, el ejecutivo optó por un "último llamamiento". Laura Álvarez señaló: "Vamos a hacer una última convocatoria la semana que viene donde vamos a presentar los cuadros horarios y el reglamento de productividad para una última pensada y luego llevarlo a aprobación". El órgano que debe dar el visto bueno definitivo es la junta de gobierno local.

Lo cierto es que hasta el momento el ejecutivo local no ha podido aproximarse a un acuerdo a pesar de que ha pospuesto hasta en dos ocasiones la puesta en marcha de las medidas previstas en el plan de ajuste -implantación de la jornada de 37,5 horas semanales, un nuevo cuadro horario para disminuir las horas extras, compras de libranza y gratificaciones así como un nuevo sistema de asignación de productividades-. Inicialmente, este paquete debería haberse implantado el 1 de junio pero se pospuso ante la negativa de los tres sindicatos opositores a comenzar la negociación (el resto, CCOO, UGT y ATMJ, han mostrado su predisposición a sentarse). Semanas después, se abrió un plazo de 45 días para iniciar un proceso de diálogo que tampoco ha dado resultado ya que, a pesar de que la mesa de negociación se ha convocado casi a diario, los representantes de estos colectivos han continuado sin acudir.

En cambio, el tiempo se le echa encima al ejecutivo local que tiene que comenzar a aplicar unas medidas si quiere cumplir con los compromisos adquiridos con el Ministerio de Hacienda para disminuir los gastos municipales. No en vano, para este año debería reducir en 3,4 millones de euros los costes de personal en el Ayuntamiento.

Ahora, se pretende dar esa nueva "última" oportunidad. "Tenemos voluntad negociadora y lo estamos demostrando y, aún así, no desistimos y hacemos un último llamamiento a la responsabilidad por el bien de la plantilla municipal, del Ayuntamiento y de la ciudad de Jerez", razonó la responsable de la Delegación de Recursos Humanos.

Hasta la fecha se han convocado 27 mesas de negociación y los tres sindicatos han faltado a 25. El argumento que esgrimen estas representaciones sindicales es que consideran que no hay una negociación como tal sino una imposición por parte del ejecutivo en la implantación de estas medidas. Además, cuestionan el procedimiento formal que está llevando a cabo el ejecutivo asegurando que incumple el convenio municipal. "No vamos a participar en trámites ilegales e irregulares", apuntaron las tres centrales sindicales en un comunicado conjunto emitido ayer.