El Ayuntamiento de Jerez acudirá a la Fiscalía para denunciar al Partido Popular de Jerez por presuntas contrataciones irregulares realizadas durante la etapa en la que los populares gobernaron en el Consistorio jerezano en coalición con el PSA de Pedro Pacheco -entre 2003 y finales de 2004-, siendo entonces alcaldesa María José García-Pelayo.

Según han asegurado fuentes del gobierno municipal a este periódico, en estos momentos se está ultimando por parte de los servicios jurídicos municipales un informe jurídico que será remitido "en las próximas semanas" a la Fiscalía para sustentar una denuncia basada principalmente en una misiva que el presidente del PP jerezano, Bernardo Villar, en su condición de segundo teniente de alcalde en aquel momento, remitió a la por entonces delegada de Recursos, la ex andalucista Antonia Asencio -ahora en el PSOE-, para que "formalizase los oportunos contratos" de hasta cuatro personas en tres parcelas municipales distintas.

Los contratos, según han advertido las mismas fuentes, "fueron laborales e incluso algunas de esas personas, y otras que podrían sumarse próximamente, siguen trabajando actualmente en el Ayuntamiento". En concreto, recoge la carta, fueron tres contratos de auxiliar administrativo -uno de ellos, en principio, con complemento de productividad anual de 9.345,71 euros- y uno de secretaria de dirección.

Asimismo, dentro de ese citado expediente jurídico también se halla otro documento oficial al que ha tenido acceso este medio, que tiene origen en el Área de Recursos Humanos del Ayuntamiento jerezano, mediante el que se informa al delegado del ramo, Juan Manuel García Bermúdez, de que "no consta" que para efectuar la contratación de esas cuatro personas anteriormente referidas "se realizase proceso selectivo alguno".

Volviendo a la carta de Villar, la petición está registrada oficialmente, según reza en la propia misiva, en septiembre de 2003 y en ella Villar concreta los datos de cuatro personas incorporadas a primeros de ese mismo mes a Alcaldía-Presidencia y a las Delegaciones de Juventud y Educación, y Bienestar Social, todas ellas parcelas comandadas por los populares en virtud al pacto suscrito en ese momento con los andalucistas. "Como continuación a la conversación que mantuvimos la semana pasada, y tal y como quedamos que te concretaría los datos del personas que ha comenzado a prestar servicios en diversas delegaciones municipales desde el 1 de septiembre de 2003, te ruego formalices los oportunos contratos", reza la comunicación rubricada por el presidente de los populares jerezanos y concejal por dicha formación en el Consistorio.

Al parecer, informan las mismas fuentes, "de esa misma etapa con el PP al frente del Ayuntamiento hay algunos cuantos casos más que pudieron seguir el mismo procedimiento y que son suceptibles ser incorporados a la denuncia que se va a presentar ante la Fiscalía muy pronto".

En última instancia, que esta información vea ahora la luz, han aclarado, no responde al ataque lanzado anteayer por el PP que denunciaba que la alcaldesa Pilar Sánchez "ha colocado a dedo" a un dirigente de UGT, antiguo miembro del comité de Delphi y ahora asesor de Recursos Humanos. En este sentido, el gabinete jurídico municipal trabaja desde hace tiempo en la elaboración del expediente jurídico que presentará el Ayuntamiento ante la Fiscalía. Sobre la polémica acusación del PP, el portavoz del gobierno local, Casto Sánchez, ya sostuvo que "las contrataciones de ahora son las de asesores aprobados en pleno, no como las que hizo la señora Pelayo".