Cuatro grupos de presión convocados y reunidos ayer a las puertas del Consistorio, cada uno por diferentes motivos -algunos de ellos de lo más espurios-, doblaron la mano a la ciudad mediante el sabotaje sistemático e impune del pleno municipal ordinario de noviembre, que tuvo que ser suspendido durante unos cuarenta minutos y despachado posteriormente con urgencia a la vista de los incidentes. Ante la imposibilidad de ser debatido como "merece", el punto con más enjundia previsto en el orden del día, la modificación puntual número 1 del PGOU de Jerez relativa a la vuelta al carácter industrial de los suelos de Vicasa, tuvo que ser pospuesto a expensas de una futura sesión extraordinaria. La alcaldesa, Pilar Sánchez, no dudó en aceptar la propuesta del concejal y portavoz de IU, Joaquín del Valle, quien entendió que "las condiciones no son las adecuadas para un tema que merece respeto".

La propia regidora reconoció a los miembros de la Corporación, a la vista de la que estaba cayendo fuera, que "impedir la celebración de un pleno es delito; se está infringiendo gravemente el código penal". Otros puntos incluidos en el orden del día, como la tradicional lectura del manifiesto contra la violencia de género o el nombramiento de Mauricio González-Gordon como hijo predilecto de la ciudad, fueron directamente al acta, ya que "es casi imposible darles lectura en estas condiciones".

La oposición lamentó los sucesos y consideró el sabotaje y posterior paralización del pleno como algo "sin precedentes" en la historia democrática de la ciudad. E incluso, la portavoz popular, María José García-Pelayo, acusó a Sánchez y su equipo de "ser los responsables de esta situación, pues no han hecho absolutamente nada por evitar esto". "Vive en una jaula de cristal con barrotes de oro, de espaldas a la realidad", reprochó Pelayo a la alcaldesa. Ésta, por su parte, ofreció con urgencia una posterior rueda de prensa en la que expresó una firme declaración institucional expresando el "contundente rechazo" a las acciones reivindicativas que ponen de manifiesto "la más absoluta falta de respeto a las instituciones democráticas". "No va a volver a suceder, no va a volver a suceder en este mandato", reiteró la regidora socialista, visiblemente indignada con lo acontecido a primera hora.

Hoy mismo, la junta de gobierno local remitirá un informe con lo sucedido y solicitará a la Subdelegación del Gobierno en la provincia que adopte las medidas necesarias -con la puesta a disposición de Antidisturbios- en futuras convocatorias plenarias y, a su vez, desde el Ayuntamiento "actuaremos en el marco legal de nuestras propias ordenanzas", advirtió la munícipe socialista. "Se ha usado la extorsión tomando como rehenes a la soberanía popular representada en el pleno y no vamos a permitir que hechos como estos vuelvan a repetirse a las puertas del Ayuntamiento", sostuvo con determinación durante su comparecencia ante los medios de la ciudad.

Por desgracia, el de ayer no fue el primer sabotaje del pleno al que se asiste en lo que va de presente mandato, pues justo hace ahora un año el gobierno municipal y los grupos de la oposición tuvieron que trasladarse al Cabildo Viejo para poder desarrollar con normalidad el pleno de noviembre del año pasado, igualmente marcado por el ruido de las protestas en la calle Consistorio. La situación vivida ayer, no obstante, fue mucho más crítica, pues los grupos políticos ni tan siquiera llegaron a arrancar el debate. El gobierno local decidió, a la vista del atronador ruido que llegaba del exterior, paralizar la sesión durante algo más de media hora. Material pirotécnico, bocinas, claxons amplificados, cornetas, tambores... Todo fue válido para que el centenar de manifestantes armaran escándalo y generasen tensión con total impunidad. La sucesión de protestas fueron desde las reivindicaciones de las limpiadoras de Sergesa hasta las de la plataforma 'pro parking gratuito del hospital', pasando por las del colectivo de parados y los miembros de la Policía Local, quienes mediante el Sindicato Independiente de la Policía (SIP) resultaron ser el gran foco, petardos y tracas incluidos, del enorme escándalo provocado ante las puertas del Consistorio.

El receso no sirvió ni mucho menos para calmar los ánimos y alrededor de las diez menos veinte de la mañana (40 minutos más tarde de lo previsto) quedaba reanudada una sesión que apenas duró un cuarto de hora y en la que los concejales tuvieron que votar a grito limpio para que se les oyera. "Este tipo de imágenes hacen un daño terrible a la ciudad, no ayudan a atraer inversores a una ciudad que intenta labrarse un futuro digno", enfatizó Sánchez, quien no dudo en recriminar que "hay quienes piensan que sus intereses particulares están por encima de los generales, y además cuentan con la aquiescencia de otros que piensan que pueden pescar en aguas revueltas". A su juicio, "no podemos ni debemos acostumbrarnos a estas situaciones donde todo vale". "Toda la ciudad lamenta este tipo de actos incívicos, insolidarios e inaceptables", arremetió en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por los cuatro tenientes de alcaldesa.