La mayoría de los concejales del gobierno municipal socialista no ha firmado informe alguno sobre el número de empleados públicos de los que podrían prescindir en las delegaciones que dirigen de llegar a aplicarse el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que quiere llevar a cabo la alcaldesa en el Ayuntamiento. En gran parte, se oponen a aplicar esta medida en el Consistorio jerezano; y en otros casos, incluso reclaman más personal para potenciar los servicios que se prestan porque consideran "insuficiente" el número actual de empleados públicos. "He visto el personal que dicen que sobra de mi delegación y es una barbaridad, nadie me ha consultado", reconocía ayer a este periódico uno de los ediles socialistas. "¿Cuántos sobran en mi delegación, me lo puedes decir?", preguntaba otro al periodista, desconcertado por el hecho de que Recursos haya sido la que finalmente, por su cuenta y riesgo, determine el personal 'sobrante'.

De hecho, tras la negativa a presentar el informe concreto por cada delegación de ocho de los catorce concejales del gobierno de Pilar Sánchez, muchos han conocido a través de este medio el número de personas susceptibles de 'apuntarse' al expediente que finalmente ha estimado Recursos. Únicamente Ainhoa Gil (delegada de Recursos y Deportes); Mari Carmen Martínez (Movilidad, Seguridad y Medio Rural); Juan Pedro Crisol (Urbanismo); África Becerra (Medio Ambiente); y Miriam Alconchel (Participación), han estampado su firma en el denominado 'estudio sobre previsible impacto del ERTE en la plantilla municipal', al que ha tenido acceso este periódico y que ha sido remitido hace escasas fechas a la Consejería de Empleo de la Junta.

El resto de delegados electos, o se han negado a elaborar dicho informe, o han remitido uno que posteriormente ha sido rectificado por Recursos con un número superior de personal prescindible del que habían sugerido en un principio. En total, el informe estima en un total de 290 el número de empleados públicos que podrían recortarse por áreas sin mermar los servicios que actualmente se prestan. Cifra que muchos concejales consideran "aleatoria" y "desajustada a la realidad de cada delegación municipal", según han reconocido en declaraciones efectuadas a este medio.

Lo cierto es que el tono de improvisación que ha venido manteniendo la regidora socialista en todo este tiempo no ha ayudado a incrementar la credibilidad de la medida, lo que ha terminado de minarla también ante su propio equipo de gobierno. Si en un principio se alegaron motivos económicos para justificar la petición del ERTE, posteriormente se optó por esgrimir motivos organizativos a la vista de que era imposible reunir los requisitos que demandaba el Gobierno andaluz, entre ellos las cuentas municipales de los tres últimos ejercicios debidamente auditadas y un informe de Gobernación que verificase que se habían tomado todas las medidas de saneamiento posibles antes de abordar el expediente. Ahora, comoquiera que las causas organizativas precisan de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que dé cobertura legal a las medidas que vayan a adoptarse, está por ver cuál será el 'plan c' que emprenda Sánchez para dar viabilidad a su proyecto de saneamiento de las arcas municipales.

En el fondo, lo que subyace una vez más en toda esta polémica es el cerco que la mayoría de delegados del gobierno local están imponiendo a la forma que tiene la alcaldesa de dirigir la ciudad y tomar de manera casi unilateral decisiones de calado. "Se ha comprobado, una vez más, que ella toma las decisiones independientemente de si se está o no de acuerdo con ellas", apuntan sus propios delegados del gobierno, como en una especie de reedición de la revuelta de concejales que ya se vivió el pasado verano y que significó un punto de inflexión en lo que va de mandato.