La alcaldesa, Pilar Sánchez, dijo ayer que “respaldo toda la negociación que ha llevado a cabo mi delegada. Cuando negocia mi delegada -por María del Carmen Martínez- entiendo que negocia todo mi Gobierno. Ha llegado a un acuerdo con el SIP, que es un sindicato importante, que nosotros vamos a respetar pero que tiene una segunda parte: un acuerdo que la semana que viene someteremos a la aprobación del resto de sindicatos, claro está, para llegar a un acuerdo general. Eso es absolutamente lógico en un estado democrático”.

La regidora explicó que “hemos negociado un cuadro horario, que era un reivindicación histórica de la Policía Local, y al cual también el resto de los sindicatos han hecho propuestas. Era un tema pendiente importante. Queremos aprovechar este acuerdo para que el nuevo cuadro horario responda a toda la demanda general de los sindicatos con presencia en la Policía”.

La alcaldesa se mostró sorprendida porque el SIP hubiera manifestado antes que el preacuerdo alcanzado la noche del martes se hubiera roto: “La verdad es que no entiendo muy bien por qué rompen el acuerdo: si un pacto se rompe porque una alcaldesa no estampe su firma no tiene ningún sentido. Con estas manifestaciones que estoy haciendo (a este medio) estoy respaldando ese acuerdo y la negociación de mi delegada”.

La regidora señaló, sin embargo, que otro problema es el exceso de multas de los últimos días: “Otra cosa diferente y que no vamos a consentir, como ya dijo mi delegada, es que se utilice la ciudadanía como rehén. En ningún caso lo vamos a consentir -reiteró-. Las multas han sido remitidas a la asesoría jurídica para tomar medidas porque no vamos a admitir un abuso de autoridad, pase lo que pase. Eso está más claro que el agua. Ellos tienen su derecho para tomar sus decisiones en un estado democrático y el Gobierno está aquí para velar y amparar los derechos de los ciudadanos”.

La dirigente socialista explicó que “todas, todas las multas han sido solicitadas y serán remitidas a la asesoría jurídica. Vamos a hacer un estudio serio, con jurisprudencia, que va a demostrar que la situación de las denuncias ha crecido en un porcentaje importante en comparación de lo que sería un situación de normalidad”. Y explicó que “si un señor se pasa un semáforo en rojo será multado evidentemente, pero si lo que ha hecho es aparcar en la Avenida, que es lo que se ha hecho durante los últimos 30 años, obviamente hay antecedentes importantes de unos derechos adquiridos para que las ciudades desarrollen sus fiestas con absoluta normalidad y nadie va a impedir eso. Eso está más claro que el agua”.

La alcaldesa acabó destacando que este preacuerdo, en espera de ese acuerdo general, debe “acabar con una etapa en que la imagen de la Policía ha salido sin duda muy dañada y con una falta de credibilidad importante entre la ciudadanía. Si se llega a un acuerdo finalmente, tenemos que aprovecharlo finalmente para iniciar un nuevo camino, que sea el de la conciliación definitiva” entre todos.