Después de casi un par de años de bloqueo y negociaciones enfangadas con los representantes municipales, Saint-Gobain, la multinacional francesa propietaria de la antigua fábrica de botellas de Jerez, alcanzó en junio de 2008 un jugoso convenio urbanístico con el Ayuntamiento. Éste le recalificaba en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) vigente las doce hectáreas de sus actuales instalaciones en pleno centro de la ciudad -con previsión de 800 pisos, un área comercial, zonas verdes y equipamientos- y, como contrapartida, la compañía trasladaba la planta de Vicasa (ahora Verallia) a una puntera nueva factoría a las afueras de la ciudad previa inversión de 90 millones de euros. Hace ahora justo un año, Saint-Gobain abortó la operación y, por sorpresa, viró sus planes 180 grados hasta el punto de dar 'cerrojazo' a la actividad productora de vidrio en la ciudad, una enseña centenaria en el famélico tejido industrial jerezano. Tras las movilizaciones, las protestas y el 'apagón' de las chimeneas, el gobierno municipal daba luz verde en el pleno de diciembre pasado a la aprobación inicial de la modificación puntual número 1 del nuevo PGOU: la vuelta atrás en los usos de los actuales terrenos de la vieja fábrica de botellas, que empezaban de este modo a abandonar la idea de desarrollarse según lo estipulado en su momento.

Sin previsión para aprobar de manera definitiva de dicha modificación, con el nuevo cambio de clasificación de los 112.000 metros, la Delegación de Urbanismo ya conoce la alegación presentada por la multinacional, que presiona ahora para mantener una clasificación urbanística que le reportaría pingües beneficios a raíz del desarrollo inmobiliario. Y en dicha alegación, los abogados de Saint-Gobain Vicasa son tajantes: "No cabe amparar la modificación puntual en el supuesto incumplimiento del convenio urbanístico". Es más, si alguien no ha respetado lo acordado, dejan a las claras, ese ha sido el Consistorio jerezano.

"Durante todo este tiempo el Ayuntamiento no ha llevado a cabo actuación alguna encaminada a ofrecer a mi representada una ubicación alternativa con condiciones urbanísticas idóneas para la construcción de una nueva fábrica", desgrana la profusa y documentada alegación presentada por la compañía, a la que ha tenido acceso Diario de Jerez. Y añade contundente: "La inactividad del Ayuntamiento es por tanto de incumplimiento de sus obligaciones, no pudiendo el incumplidor aprovecharse de su propio incumplimiento".

En este mismo apartado, Saint-Gobain Vicasa mantiene que "está estudiando la puesta en marcha de un centro dedicado a la gestión de productos de alta tecnología para energías renovables, por lo que no ha incumplido los compromisos que asumió en el convenio". Desde Urbanismo, el delegado municipal Juan Pedro Crisol muestra su desconfianza ante este anuncio y admite no tener noticias concretas del mencionado proyecto al que se refiere la firma en su alegación al cambio de uso de los terrenos. Pero la compañía insiste y arremete contra el Consistorio jerezano, el cual, tras liberarse los suelos pactados con la firma con sede en París para el traslado de la nueva fábrica, "ha formalizado un contrato de arrendamiento con opción a compra" con otra empresa. "Por cierto, a un precio sensiblemente inferior al fijado para Saint-Gobain", aluden en relación con la cesión de suelo en la Ciudad del Transporte para la fábrica de todoterrenos de Zahav Auto Industry. Cesión que se ha producido, como está publicado, en la misma parcela que en principio iba a ser destinada al nuevo centro de la multinacional francesa en el término municipal.

Además de la inacción que reprochan al gobierno local, en la alegación de la empresa a la marcha atrás en la recalificación urbanística de sus terrenos también apuntan al incumplimiento municipal respecto de los fines que señala el actual PGOU e incluso con los parámetros especificados en la Ley del Suelo y el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). De esta manera, Saint-Gobain recalca en su alegación que "no se justifica en la memoria del Plan General el mantenimiento de un uso obsoleto, no integrado en la malla urbana, en una espacio con clara vocación residencial y terciaria, y sobre todo no adecuado para la tipología de industria singular desde el punto de vista logístico". Al igual que denuncia Izquierda Unida en su alegación a la modificación puntual, la multinacional también argumenta que se eliminan casi 38.000 metros cuadrados para dotaciones, zonas verdes y la previsión de construir 262 viviendas de protección oficial, "sin establecer medidas que compensen las dotaciones y VPO de las que se verá privada esta zona de Jerez".

Asimismo, el documento remitido por la compañía también pone de relieve que la modificación puntual nº 1 del PGOU vulnera el régimen jurídico de la LOUA, ya que "debe ser tramitada como una revisión parcial" del planeamiento urbanístico; y precisa del dictamen favorable del consejo consultivo de Andalucía, pues altera espacios libres y reservas de suelo previstas para VPO. La multinacional, que vuelve a esgrimir el "entorno económico y financiero por todos conocido" para justificar el cierre -que recuerda se pactó con "trabajadores y Junta de Andalucía", subraya que el Ayuntamiento, mediante su facultad de ordenación urbanística, "no puede aplicar medidas de carácter punitivo, como parece hacer en este caso, sino que debe atender a las necesidades reales del municipio siguiendo el modelo de ciudad definido en la memoria del PGOU de Jerez".