LA elección de José Antonio Griñán como candidato del PSOE a presidir la Junta de Andalucía ha provocado mucha más aceptación que rechazo. Salvadas las formas (el mecanismo sucesorio de designación y apoyo unánime por el partido, si bien legítimo, no entusiasma a los que entendemos el juego democrático de forma más participativa), el candidato reúne muchas características que lo pueden convertir en el presidente más oportuno de la historia de la comunidad: amplia experiencia de gobierno, capacidad profesional, estilo sosegado y dialogante. Por ello, comparto la oportunidad de su designación y le deseo éxito en su gestión.

Pero no lo va a tener fácil por la coyuntura en la que va a acceder a la presidencia: una crisis internacional profunda y generalizada, que se agrava en el caso de Andalucía por una crisis irreversible del patrón de crecimiento, cuya manifestación más dramática es un paro diferencial respecto a la práctica totalidad de los países y regiones desarrollados.

Por tanto, el gran reto del nuevo presidente será propiciar un nuevo patrón de crecimiento que le permita a la economía andaluza salir fortalecida de la crisis, lo que exige la mejora de la competitividad de nuestro sistema productivo para que pueda generar más renta y empleo. Este es el gran objetivo a medio plazo, si bien en el corto deberá evitar el desplome de la actividad y apoyar a los sectores sociales más débiles afectados por la crisis. No obstante, las posibilidades de medidas anticíclicas por parte de un gobierno regional son muy limitadas por la inexistencia de política monetaria y de tipo de cambio autonómica y las restricciones de la política fiscal, con un presupuesto muy condicionado por el predominio de gasto corriente y en un contexto de reducción de ingresos impositivos y limitaciones al endeudamiento.

Por ello, si bien se han adoptado algunas iniciativas de política fiscal activa y puede quedar un estrecho margen para aumentarla, la política económica regional debe centrarse en políticas estructurales que doten a nuestra economía de factores de producción más cualificados (recursos humanos, capital productivo y tecnológico) y un funcionamiento de los mercados que incentive la competencia y una especialización productiva basada en actividades más intensivas en conocimientos y tecnología. Esta tarea no es fácil, por la resistencia social a cambios regulatorios y porque los factores de producción no se improvisan en unos meses, pero no existen atajos para el desarrollo económico, y el nuevo presidente va a disfrutar -al menos en principio- de la confianza de buena parte del electorado y de un clima de crisis en el que las reformas estructurales pueden encontrar menos rechazo. En este contexto, el gran reto de José Antonio Griñán es situar la política de desarrollo económico en el centro de la actuación del gobierno, para lo que la hoja de ruta debe concretarse en la estrategia de implementación de las reformas estructurales. Para ello debe rodearse de un gobierno más ambicioso y cualificado, y sustituir el discurso de la autocomplacencia en los logros alcanzados por otro en el que se enfatice en el reto de toda la sociedad andaluza para un futuro de prosperidad. En contra de lo que se estima en los ámbitos políticos, el reconocimiento de nuestra delicada situación debe ser el punto de partida para recuperar la confianza de la sociedad en los políticos y para recabar apoyos a una política de reformas. No se trata de caer en pesimismos, sino de que el poder político comparta los diagnósticos no sectarios sobre la economía andaluza y ejecute una política económica consecuente.

Hasta ahora el candidato a presidente de la Junta de Andalucía ha hecho una llamada a la responsabilidad colectiva, ha enfatizado el papel de la educación como la principal política económica y ha anunciado una estrategia de fortalecimiento del sector privado, lo que constituyen signos alentadores para la nueva etapa. No comparto, sin embargo, la preeminencia estratégica de un nuevo acuerdo de concertación con la CEA, UGT y CCOO, pues se confunden los objetivos de la política económica con los posibles medios y, además, el balance de seis acuerdos de concertación no es precisamente muy brillante, ni en términos de paz social, ni de crecimiento diferencial, ni mucho menos de innovación y modernización de nuestro sistema productivo, siendo las razones estrictamente políticas las que han determinado la sucesión de los acuerdos de concertación.

Bien está que se trate de gobernar generando consensos, pero la responsabilidad de los gobernantes es adoptar las medidas y reformas necesarias para propiciar un sistema productivo que permita afrontar el futuro sobre bases económicas más sólidas y liderar una administración pública más eficiente y que sea cómplice activa de este empeño.