Cazadores en el punto de mira

  • El abandono de la munición de plomo, las restricciones a la caza en las zonas protegidas y el derecho de tanteo y retracto de la Administración sobre la propiedad de la tierra avivan las protestas en el medio rural

Comentarios 1

Su aprobación el pasado mes de noviembre constituyó un hito histórico para el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al sacar adelante una de las normas más ambiciosas de Europa en materia de protección medioambiental. Pero la aplicación de la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad amenaza con aguar la campaña electoral del Partido Socialista si los cazadores cumplen con su amenaza de manifestarse en Madrid el próximo 1 de marzo. Y sólo en España hay más de un millón de cazadores, de los que 114.000 son andaluces.

Este colectivo ya ha bautizado a la normativa como la Ley del Plomo, no sólo por las restricciones legales que impone, sino por el gran desembolso que van a tener que acometer. "Tenemos motivos para protestar y la Administración no nos escucha", asegura el presidente de la Federación Andaluza de Caza, Carlos Astorga.

Los cazadores aseguran que muchos aficionados van a tener que abandonar su afición, lo que supone el tiro de gracia para un negocio que en algunos pueblos es la principal fuente de financiación y que mueve más de 1.000 millones de euros anuales, que se quedan principalmente en zonas rurales.

El primer plomazo al bolsillo es la ampliación de la prohibición del empleo de munición de plomo a los humedales de la Red Natura 2000 y los espacios naturales protegidos. "Vamos, prácticamente el 40 por ciento de toda la superficie cinegética de Andalucía, lo que incluye todo el Bajo Guadalquivir, la Sierra Norte y Sur o parte de Huelva y Cádiz", afirma Emilio Vieira, técnico de Asaja Andalucía.

El objetivo de esta restricción es evitar que las anátidas, la familia a la que pertenecen las aves acuáticas, contaminen la cadena trófica por la ingesta de plomillos, al confundirlos con los guijarros que utilizan para hacer la digestión.

"La solución es la munición de acero, pero las escopetas de plomo no pueden utilizarlas, por lo que hay que cambiar todas las armas", indica Vieira, que recalca que "la economía de la gran mayoría de los cazadores es muy ajustada y no van a poder asumirlo". Sustituir cada arma supone un desembolso medio de 1.800 euros, y además entraña un riesgo extra.

"El acero es muy peligroso porque las balas rebotan mientras que el plomo se aplasta", indica Carlos Astorga. "Están experimentando con nuevos materiales, pero la mejor solución sería una moratoria de dos o tres años para que dé tiempo a cambiar todo", agrega. "Además, no sabemos exactamente la cantidad de espacios protegidos acogidos a la ley", destaca el presidente de la Federación Andaluza de Caza.

Los propietarios de los cotos de caza también están preocupados con las implicaciones de la normativa. "Limita tus facultades de posesión a cambio de nada, y si se protege la naturaleza para la sociedad, la sociedad debe responder", subraya Emilio Vieira, que señala que no se contempla ninguna compensación a los propietarios de fincas por las limitaciones a la propiedad, o los daños causados por especies protegidas como el lobo, los osos o las grullas.

Uno de los puntos más polémicos es el referido al derecho de tanteo y retracto de la Administración en operaciones de compra venta de parcelas situadas en espacios protegidos. Esta cláusula, que ya existía anteriormente, otorga al Estado el privilegio de comprar una parcela, siempre que iguale el precio acordado entre las partes. "La diferencia es que la nueva ley da al Estado un año de plazo para pagar, lo que convierte al vendedor en su financiador", asegura Emilio Vieira.

"Se carga a la gente que tenga que vender por necesidad, y además, se paga en un año sin recibir intereses", insiste el técnico de Asaja, que dice que "hay una percepción errónea porque al contrario de lo que la sociedad cree, la inmensa mayoría no son latifundistas". "España es un país minifundista. La superficie media nacional por propiedad asciende a 22 hectáreas y en la provincia de Sevilla a 27", destaca.

Pero no son los únicos descontentos. Varias comunidades autónomas, entre ellas Navarra, están sopesando recurrir el texto al considerar que se inmiscuye en sus competencias. Y no es una cuestión baladí. Un millón de cazadores son un millón de votos.

114.000

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios