La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, reiteró ayer que este órgano no va a entrar en el debate jurídico sobre si los jueces tienen derecho o no a la huelga, aunque no consideró que no es el cauce más adecuado para sus reivindicaciones, que dijo apoyar en su mayoría.

Según el CGPJ, de las medidas de presión, la de huelga es la más desproporcionada y la que mayores perjuicios podría causar a los ciudadanos, por lo que Bravo confió en la responsabilidad institucional de los jueces como poder del Estado "para que finalmente no adopten una medida tan drástica".

"Estamos trabajando para la reforma de la Justicia porque somos conscientes de que existen bastantes deficiencias estructurales. Este año tiene que ser el año de la modernización de la Justicia", recalcó tras reunirse con seis de los ocho jueces decanos.

Por ello, recordó que el próximo lunes el CGPJ exigirá, en su reunión con el Ministerio, "que se fije una hoja de ruta para hacer visibles las reivindicaciones más importantes de los jueces". Respecto a las declaraciones de Bermejo sobre el derecho del Gobierno a criticar las decisiones del Poder Judicial, recordó el derecho a la libertad de expresión. "Tanto las críticas que procedan del Ejecutivo, como de otro estamento o de la opinión pública van a tener el respeto institucional del CGPJ", indicó.