El Gobierno pide la ilegalización de ANV y PCTV a seis semanas del 9-M

  • De la Vega garantiza que las dos formaciones 'abertzales' no estarán en las urnas · Afirma que habría sido aventurado presentar la demanda antes de las elecciones municipales porque sólo había indicios

El Gobierno dio ayer luz verde a los Servicios Jurídicos del Estado para que interpongan las demandas de ilegalización contra ANV y el PCTV. Con pruebas contundentes "en la mano", según señaló la vicepresidenta primera del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, se inicia así el camino para que las dos formaciones abertzales no estén en las elecciones del 9 de marzo por sus vínculos con la ilegalizada Batasuna.

La número dos del Ejecutivo anunció que la Abogacía del Estado interpondrá la próxima semana la demanda contra ambas formaciones ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo, y manifestó que con el calendario previsto en la Ley Electoral "hay tiempo suficiente" para evitar que ANV y PCTV participen en las elecciones. Es más, garantizó que "de ninguna manera va a quedar un hueco" para que puedan hacerlo.

Según la vicepresidenta, el Gobierno ha actuado cuando ha quedado "probado de forma clara y contundente su vinculación con la ya ilegalizada Batasuna", y negó que haya manejado los tiempos para hacerlos coincidir con la convocatoria electoral para sacar réditos de esa decisión. "El Gobierno no actúa nunca por razones de oportunidad, sino por razones de legalidad. Así se defiende mejor el interés general y el de todos los españoles", dijo de la Vega, quien manifestó que habría sido "aventurado actuar sólo con indicios", en respuesta a las críticas que señalan que habría podido impedir la participación de ANV en las elecciones municipales del pasado 27 de mayo.

"El principal problema que tenemos es que en esta legislatura el principal partido de la oposición se ha dedicado desde el primer día a partidaria el terrorismo, y seguimos ahí", dijo la portavoz del Ejecutivo.

De la Vega afirmó que tras la investigación "rigurosa" de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, los indicios de los que se partió en la investigación judicial se han convertido en "pruebas contundentes" que con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la mano va a permitir la ilegalización de ambas organizaciones, lo que no ocurría con los "indicios" existentes, antes de las elecciones municipales y autonómicas. La vicepresidenta insistió en que "ha sido hoy y no antes" cuando el Gobierno ha tenido "fundamentos sólidos" para instar a la ilegalización.

También negó que hubiera sido el Gobierno quien dirigió las investigaciones policiales dado que Policía y Guardia Civil actuaron en su condición de policía judicial y que por tanto el Ejecutivo tuvo conocimiento de los informes policiales una vez que el juez levantó el secreto del sumario, "y en el minuto siguiente ha actuado". De la Vega no quiso aventurar qué puede ocurrir sobre la presencia de ANV y el PCTV en las instituciones en las que tiene representación, dado que es una cuestión que depende del poder Judicial.

La portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, criticó ayer en una entrevista en Radio Euskadi que decisiones como la de ilegalizar EHAK y ANV se tomen siempre en "vísperas" de elecciones y aseguró que no se habría planteado la ilegalización de estas dos formaciones si continuara el proceso de paz. Azkarate dijo no tener "ninguna duda" de que en la decisión impera la premisa electoralista. "A mí no me cabe ninguna duda y me da la impresión de que a unos cuantos ciudadanos de este país tampoco".

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, rechazó la iniciativa del Gobierno contra las formaciones abertzales "siguiendo la estela extremista del PP y utilizando el tema en clave electoral". También mostró su "frustración" por que las legislaturas arranquen con la expectativa "de la tregua y el diálogo" y finalicen "con la confrontación total".

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