Podemos cumplió ayer tres años desde que saltó al tablero político para poner las instituciones al servicio de la gente, más allá de etiquetas ideológicas; y lo hace en pleno proceso de reinvención, tanto de su estrategia política como de su estructura organizativa, y con sus principales dirigentes, el secretario general Pablo Iglesias, y el político, Íñigo Errejón, enfrentados.

Tres años y ocho citas electorales después, Podemos afronta un proceso interno para dejar atrás de una vez la fase que ellos llaman de "máquina de guerra electoral" y abordar su nueva etapa como partido presente ya en todas las instituciones.

El número dos defiende la salida de la Ejecutiva de los líderes autonómicos

De hecho, el papel que debe jugar la formación desde los parlamentos y la relación que se debe construir entre esta labor y la movilización social en las calles es uno de los principales debates que debe resolver la organización en el congreso que celebrarán en Vistalagre a mediados de febrero.

A lo largo de estos tres años Podemos ha pasado de ser una iniciativa sin estructuras radicada en Madrid a contar con casi más de 450.000 simpatizantes en toda España -de los que unos 254.000 son considerados activos- y unos cinco millones de votantes, y a convertirse en la tercera fuerza política a nivel estatal y y la segunda, por delante del PSOE, en algunas comunidades autónomas.

La fuerza que sorprendió a todos al conseguir cinco eurodiputados en su primera comparecencia electoral en mayo de 2014 también ha vivido importantes transformaciones a nivel interno, que están determinando el camino hacia Vistalegre II.

Por primera vez, Iglesias y su secretario Político, Íñigo Errejón, compiten con equipos diferenciados en el debate interno para marcar el nuevo rumbo político de Podemos, aunque, eso sí, ambos confían en llegar a un acuerdo para aunar propuestas y evite la batalla antes del congreso de febrero.

Los modelos organizativos que defienden Errejón, por un lado, y el sector de los Anticapitalistas, por otro, abocan casi irremediablemente a menguar el poder interno de Iglesias, a quien ambos plantean restar competencias.

El número dos propone que los nombramientos y ceses de los miembros de la Ejecutiva, que ahora se hacen a propuesta del secretario general, pasen el filtro del Consejo Ciudadano estatal, que será quien elija una "dirección colegiada" siguiendo criterios democráticos, de mérito, capacidad y "proporcionalidad".

Una fórmula que hubiera impedido, por ejemplo, el cese del ex secretario de Organización, Sergio Pascual, afín a Errejón y a quien Iglesias destituyó el pasado año.

Por su parte, los Anticapitalistas reclaman igualmente quitar competencias a la Secretaría General para repartirlas con el Consejo Ciudadano. La corriente de Miguel Urbán propone también que el secretario general pase a ser un coordinador general, como ya han hecho en Andalucía, y que los responsables de las distintas áreas sean miembros natos de la coordinadora.

Errejón plantea que de la Ejecutiva no puedan formar parte los secretarios generales autonómicos, algo que impediría por ejemplo que el actual secretario de Organización, Pablo Echenique, pudiera compatibilizar ese cargo con el de líder de la formación en Aragón, que ahora también sustenta.

Otra de las medidas en las que podrían coincidir es la que afecta a la Comisión de Garantías. Ambos sectores creen que debe garantizarse la independencia, eficacia y transparencia de este órgano.

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero avisó ayer a Errejón de que no debe creerse "tan ganador" cuando el documento que va a presentar en Vistalegre II apuesta, a su juicio, por llagar a entendimientos "con el PSOE de la Gestora". En una entrevista en Antena 3, respalda la propuesta de Iglesias, en la que defiende un Podemos "desobediente" que no sea "muleta de nadie". "Yo creo que ahí están las grandes diferencias, que son tácticas", apostilló.