Los resultados de las últimas citas electorales locales, autonómicas y generales han llevado a Podemos a descubrir la realidad con la que lucha cualquier empresa en España: sin financiación no se puede mantener una gran estructura. La cúpula del partido morado ha iniciado la tramitación de un expediente de regulación de empleo (ERE) ante la notable bajada de ingresos que supone la casi irrelevancia en la que ha caído la formación fundada por Pablo Iglesias.

Los ERE son instrumentos que las empresas se han visto obligadas a utilizar en los momentos más duros de la crisis para conservar la viabilidad de las mismas, pero que han sido duramente criticados por Podemos. En la memoria de todos están algunos discursos del ex líder de la formación Pablo Iglesias en los que criticaba que compañías que habían recibido ayudas públicas utilizaran el expediente de regulación de empleo para aliviar sus plantillas. Ahora, Podemos descubre la realidad de la empresa.

En los planes de Ione Belarra y Lilith Verstrynge, secretaria general y secretaria de Organización, respectivamente, está el cierre de sedes en nueve comunidades (Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La mancha, Galicia, Madrid y la Comunidad Valenciana), así como el despido de más de un centenar de trabajadores.

Podemos plantea el cierre de nueve sedes regionales y el despido de más de 100 empleados

Podemos se enfrenta a su legislatura más difícil. Dentro de la representación que logró Sumar en el Congreso (31) sólo tiene cinco diputados. Al despido de la mitad de su plantilla, hay que unir el cierre de esas delegaciones territoriales y la pérdida de representación institucional en las pasadas elecciones autonómicas y generales: un panorama poco menos que apocalíptico.

El partido ha mandado un escrito a sus empleados a últimos de julio en el que se justifica el ERE por razones económicas, técnicas y organizativas y se enmarca en una "reorganización profunda", que tiene que acometer la organización. "Dicha reducción de ingresos lleva aparejada la necesidad ineludible de adaptar a los mismos los gastos de toda índole, incluidos los laborales, que en el caso de los territorios afectados implicará la extinción de los contratos y el cierre de los centros de trabajo y, en estatal, una reducción de la plantilla", relata en la carta remitida a los asalariados.

Partidos e incluso sindicatos han tenido que recurrir ante la falta de ingresos públicos a esta figura en alguna ocasión. Como ejemplos están los casos de CCOO, UGT y Ciudadanos. Ahora Podemos se enfrenta a un proceso de negociación en el que debe decidir si se acogerá a los 20 días por año trabajado o por contra ofrecerá unas condiciones más favorables para sus trabajadores. En cualquier caso, es paradójico que tenga que aprobar el ERE el Ministerio que dirige hoy Yolanda Díaz.

Tras fracaso del 23-J, los cálculos de la dirección de Podemos pasan por una caída de los ingresos del 70%, a nivel estatal, cantidad que se agrava en los territorios afectados, en los que la bajada llega al 90%.

A la espera de las negociaciones con el comité de empresa, el cierre de la sede de Aragón supone el despido de cinco trabajadores; Asturias, siete; Baleares, ocho; Canarias, seis; Cantabria, uno; Castilla-La Macha, cuatro; Madrid, cuatro; Comunidad Valenciana, siete; y Galicia, tres. Es decir, un total de 45 empleados. El resto de los despidos se producirán en la sede central.

Una de las dudas de la negociación es si el partido ofrecerá sólo 20 días por año trabajado

Fuera de esta remodelación se han quedado los territorios que no estaban convocados a las urnas el pasado 28-M. Es el caso de Andalucía, que ya tuvo su proceso de ajuste tras los comicios autonómicos del 19-J de 2022.

Podemos en Andalucía ha caído en la irrelevancia y no tiene representación parlamentaria como tal, pues quedó integrado en el grupo Por Andalucía. El año pasado, Podemos comenzó su negociación con sus asalariados en la comunidad andaluza con una propuesta de mínimo, y ofreció inicialmente 20 días por año trabajado, aunque se facilitó llegar a los 33. Entre otras ventajas, se incluyeron indemnizaciones extra para personas que llevaban poco tiempo cotizado en la empresa y pluses en función de las circunstancias personales. El ERE de Podemos en Andalucía afectó a más de 20 personas, es decir, sólo se salvaron tres trabajadores.

El partido de Pablo Iglesias se consolida como fuerza política en 2015. El punto álgido de la formación morada llega en las elecciones generales de 2016, cuando logra 71 escaños en el Congreso y se habla incluso de dar el sorpasso a un PSOE que sólo logra 85 diputados. A partir de ahí, todo cambió.

Los partidos de la nueva política, en especial Ciudadanos y Podemos, se han quedado en nada en menos de una década. La formación naranja, sin rumbo, ya no se presentó a las pasadas elecciones generales. Los partidos que venían a regenerar la vida política española están siguiendo el mismo patrón: nacen, tienen un desarrollo fulgurante y al alcanzar su madurez comienzan su declive hasta caer en la irrelevancia. Ojo con Vox, que parece haber tomado el mismo camino.