Amnistía Internacional y asociaciones de inmigrantes rechazaron ayer la iniciativa del Gobierno de elevar la estancia en España de uno a cinco años para poder reagrupar a los ascendientes (padres), una medida que "recorta" sus derechos y que encaja "en la línea de endurecimiento" aplicada en esta legislatura.

La responsable de políticas de Interior de Amnistía Internacional (AI), Virginia Álvarez, explicó que la propuesta de Corbacho es "una muestra más del recorte de derechos que sufren los inmigrantes en España y en el resto de Europa". "Muchas veces el discurso de los políticos es preocupante, como usar la inmigración como excusa a otros problemas y, en este caso (el de la reagrupación), no es ni mucho menos un problema. Vivir en familia es un derecho fundamental y su restricción no es deseable", añadió.

En parecidos términos se pronunció el presidente de la Federación Nacional de Ecuatorianos, Santiago Morales, que discrepó de las medidas que impulsa Corbacho que, a su juicio, "está buscando problemas donde no los hay y ha cambiado toda la política de inmigración de la anterior legislatura".

El reagrupamiento supone un porcentaje "mínimo y en ningún caso genera una superpoblación", añadió Morales, quien remarcó que las palabras del ministro crean "incertidumbre y desconcierto" entre los inmigrantes.

El presidente de la Asociación Sociocultural y de Cooperación al Desarrollo, Álvaro Zuleta, afirmó que el Gobierno "está adoptando medidas de endurecimiento, y, además, "no mantiene un diálogo con los actores sociales". "Sólo le pedimos que, al menos, tenga un diálogo con las asociaciones de inmigrantes y no se tomen medidas de escritorio. Resulta muy fuerte que el PSOE, el partido que ha hecho política social en España, no tenga en cuenta al movimiento asociativo", dijo.

El presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes, Víctor Sáez, anunció que si la propuesta se materializa acudirá al Defensor del Pueblo.