El Ayuntamiento gastó 53 millones en 2017 que no había presupuestado

La hacienda municipal sigue teniendo un importante problema con los gastos realizados que no están recogidos en el presupuesto. Estas son las denominadas técnicamente como Operaciones Pendientes de Aplicar al Presupuesto (Opas), una 'anomalía' contable que teóricamente se permite a las administraciones locales para afrontar gastos imprevistos. Según se recoge en el estado de ejecución del presupuesto del año pasado, con datos a 1 de marzo, el Ayuntamiento tuvo más de 53 millones de euros en gastos que no estaban recogidos en el presupuesto que cuatro de las cinco formaciones políticas de la Corporación Municipal (PSOE, Ganemos, Ciudadanos e IU) aprobaron a mediados del año pasado.

Casi la mitad de esta cuantía pendiente de reconocer procede de intereses de demora por impago de préstamos -en torno a unos 20 millones de euros- que han provocado que se quedara ínfima la previsión inicial de 8 millones de euros presupuestada para atender este gasto. Estos no son los únicos gastos financieros extrapresupuestarios producidos durante 2017. Así, a los más de 20 millones de euros en intereses de demora hay que añadirles unos 4,5 millones en otros gastos financieros, 3,4 millones en intereses y 1,7 millones en amortizaciones.

Se da la circunstancia añadida de que el año pasado el ejecutivo destinó más de 37 millones de euros de la previsión de gastos e ingresos a atender las devoluciones de préstamos a los bancos (tanto intereses como préstamos). Sin embargo, y tal y como se recoge en el avance de la liquidación incluido en el expediente de aprobación inicial del presupuesto de este año, a 1 de marzo aún no se habían pagado unos 8,9 millones, una cuantía a la que habrá que sumar en los siguientes meses los correspondientes intereses de demora.

Volviendo a las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, a las que los políticos les gusta denominar también como 'facturas en el cajón', se adeuda a los grandes proveedores municipales algo más de 18 millones de euros no recogidos en la previsión municipal. El mayor importe se lo lleva Urbaser, la concesionaria del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria. Por la primera de las prestaciones el Ayuntamiento le debe, según la ejecución presupuestaria hecha pública por el gobierno local, 5,9 millones extra a los 8,5 millones reconocidos el pasado año -aunque, como ya informó este periódico la pasada semana, solo se le ha abonado 38.503 euros-. Mientras, por el servicio de limpieza viaria se tendrá que contabilizar unos 1,3 millones de euros más a los 11,6 millones consignados en el presupuesto municipal.

Las previsiones también se quedaron cortas para el suministro de luz del alumbrado público ya que hay 'Opas' correspondientes a 2017 por un importe total de 3,7 millones. Se adeudan otros 3,1 millones a la Diputación por los servicios que presta de apoyo a la recaudación; y 1,8 millones no presupuestados a la concesionaria del transporte público a las pedanías. Incluso, hay gastos extrapresupuestarios con la empresa municipal Comujesa, que tiene encomendados los servicios de autobuses urbanos y de mantenimiento del alumbrado público por valor de 2,9 millones.

Según los últimos datos hechos públicos por el Ministerio de Hacienda, el Ayuntamiento de Jerez tenía más de 61 millones de euros en facturas en el cajón. En este importe, que corresponde al último trimestre del año pasado (aún no se ha publicado el de los tres primeros meses de este ejercicio) no solo están contabilizados los gastos extrapresupuestarios de 2017 sino también de años precedentes aún no reconocidos.

Las operaciones no presupuestarias se generan por servicios o contrataciones realizados mediante adjudicaciones de urgencia, por presupuestos que se quedan cortos a las asignaciones iniciales o por gastos imprevistos, entre otras causas. Estas solo pueden abonarse una vez que el Ayuntamiento procede a cubrirlas con el crédito correspondiente para que los proveedores tengan opción de cobrar.

A finales de 2016, y por acuerdo de todos los grupos, el gobierno local aprobó un documento con una serie de medidas para reducir esta anomalía contable estableciendo criterios para reconocer y priorizar pagos como la antigüedad de la factura y la imputación del gasto a un servicio social.

En paralelo, y por orden del Ministerio se adoptaron otras medidas para reducir la elevada cuantía de 'Opas', que en el primer trimestre del año pasado se situó en los 101 millones de euros. Para ello se revisaron todas las facturas y se eliminaron del debe un importante volumen de impagos que se tenía con empresas municipales absorbidas por el propio Ayuntamiento o por obligaciones con proveedores que por su antigüedad habían prescrito o no cumplían con los requisitos para ser reconocidas.