Desde principios del pasado año la Junta no ha dado ningún alta nueva en la Ley de Dependencia en Jerez, según dijo ayer la delegada municipal de Bienestar Social y vicesecretaria de Políticas Sociales e Igualdad del PP, Isabel Paredes, quien denunció que la situación de la dependencia en la ciudad es insostenible. Refiriéndose al servicio de ayuda a domicilio, una de las prestaciones de la ley, señaló que no sólo no se han dado altas, sino que además no se ha cumplido ni con la tasa de reposición, por lo que debido a las bajas que se han producido hoy en día el número de usuarios de la ayuda a domicilio es muy inferior al que había en 2011. A fecha de 31 de diciembre de 2013 había 662 usuarios frente a los 834 de 2011, una reducción que, según dijo Paredes, se observa también en el número de horas de ayuda a domicilio, con una pérdida del 32%, ya que se ha pasado de 44.995 horas en 2011 a 30.183 en 2013. Según la popular, las bajas no han sido sólo por fallecimiento, sino que además la Junta ha revisado de oficio expedientes y ha reducido el número de horas.

Mientras, aseguró que hay lista de espera y que de hecho el Ayuntamiento en algunos casos, de acuerdo con el Plan Concertado de Servicios Sociales, ha tenido que dar altas por la urgencia en la necesidad de atención. "Aunque la Ley de Dependencia es muy clarita y dice quién tiene que financiar los servicios, de nuevo se sobrecarga a los ayuntamientos y se hace caso omiso a las obligaciones que por ley tiene la Junta".

En cuanto a los ingresos en residencias, otro recurso contemplado en la ley, Paredes mantuvo que los pocos que se han producido han sido por resolución judicial. En este sentido, criticó la pérdida de plazas concertadas en residencias y denunció que en 2009 la Junta hizo construir a muchas asociaciones centros con un documento en el que se les garantizaba el concierto de plazas cuando estuvieran finalizadas las obras y a fecha de hoy, no han obtenido respuesta. "Y estamos hablando no sólo de plazas residenciales de mayores sino también de otras para personas con discapacidad".

En concreto en las residencias de mayores, manifestó que si en 2005 la espera para un ingreso era de año y medio, ahora pasan dos años hasta que se resuelve el expediente. "Hemos tenido un caso de una señora que ingresó en el centro de acogida San José por resolución judicial y la Junta no resolvió el expediente hasta un año después. Durante ese año ha sido el Ayuntamiento quien ha pagado la plaza, ante la situación de desprotección en que se encontraba". Agregó que desde hace más de 30 años no se ha creado en la ciudad una plaza pública en residencias y que lo único que funciona ahora mismo son los conciertos, aunque advirtió de que la nueva norma de la Junta de febrero de este año supondrá también un varapalo para este sector. "Esta norma llega a decir que las plazas que no consigan el concierto pueden pasar a ser plazas privadas, es decir, que se está produciendo una privatización de las plazas que estaban concertadas".

Tampoco se están produciendo, según indicó, altas en las prestaciones económicas para el cuidador, uno de los recursos que incluye la Ley de Dependencia y que se había convertido en el más solicitado. Paredes admitió que en estos momentos se está primando más el ingreso en residencias que estas aportaciones económicas, "porque desde siempre el PP ha venido denunciando el fraude que se estaba dando en Andalucía con estas ayudas. Se daban prestaciones económicas al cuidador familiar pero luego no se hacía ningún tipo de seguimiento ni de control de esa atención. Ha habido muchos problemas, se sacaba a las personas mayores de las residencias, personas con cuidados específicos, a las que no se les daba la atención que requerían".

Paredes mencionó que los recortes de la Junta no son sólo en materia de dependencia sino que tampoco se ha atendido la otra parte de la ley, que era la promoción de la autonomía personal. "Día a día vemos como se recortan este tipo de programas, que tienen una elevada rentabilidad social con un coste mínimo".