El bufete de abogados Dávila&Asociados, que representa a once de los trabajadores municipales que fueron despedidos en el ERE de 2013, ha interpuesto en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, un recurso extraordinario de revisión sobre una sentencia dictada en octubre de 2016.

El recurso en sí se sustenta en un escrito enviado por el Ayuntamiento el pasado 25 de abril al Grupo Municipal Ganemos en el que "se pone de manifiesto que no existe acuerdo alguno de la Junta de Gobierno Municipal donde el gobierno que presidía el Ayuntamiento en su día decidiera optar por la indemnización en caso de declararse improcedente los despidos realizados en dicha corporación municipal".

Dicho documento, según el bufete que dirige el abogado Ramón Dávila, provoca que la opción ejercitada en su día por el letrado del Ayuntamiento "no reúna los requisitos legales para considerar válida una actuación administrativa", ya que no fue presentada por escrito. Al suceder esto, es decir, al no existir "acto administrativo, no puede admitirse que haya habido opción de en forma sobre readmisión o indemnización", como finalmente se recogía en la última sentencia.

Así las cosas, desde el bufete se insta a revocar la sentencia en cuanto se refiere a los efectos del despido declarado improcedente en el sentido de anular la opción por la indemnización y estableciendo la obligación del Ayuntamiento de readmitir a los empleados en su puesto de trabajo.