Cara y cruz para los proveedores municipales. En el mes de abril, el Ayuntamiento logró rebajar sensiblemente los impagos a este colectivo gracias a que en la primera parte del año recibe mayores ingresos mediante la recaudación de los principales impuestos. Sin embargo, esta mayor liquidez en la tesorería municipal no ha servido para que disminuyan sus tiempos de pago de facturas. No en vano, el Consistorio ya tarda nueve meses de media en abonar estas obligaciones, según los datos publicados esta semana por el Ministerio de Hacienda.

En el mes de abril, la deuda reconocida con los proveedores ascendía a 64.058.223,01 euros, unos 2,5 millones menos que el mes anterior. La mejora, aunque positiva, hay que contextualizarla pues ese mes suele ser positivo para esta magnitud; no en vano, tanto en 2015 como en 2016 disminuyó este adeudo en la comparativa entre estos dos meses. Sin embargo, en relación con años anteriores se confirma una vez más que, lejos de mejorar, ha empeorado este grave problema de impago que arrastra las arcas municipales. En abril de 2015, la deuda con los proveedores era de 41,9 millones; un año después, la cuantía estaba ya en los 61,5 millones; y ahora ya se sitúa en algo más de 64 millones. Por lo tanto, se confirman las advertencias que realizó en un informe la Tesorería Municipal hace escasamente un mes sobre las dificultades de afrontar estos pagos dado que el grueso de la liquidez monetaria se la lleva la nómina de la plantilla, que se ha incrementado por las últimas municipalizaciones de servicios.

Además, el Ayuntamiento sigue aún lejos de su compromiso de mejorar progresivamente en esta magnitud. Desde que comenzó el año, el tiempo medio de pago no ha dejado de aumentar -el año comenzó con 221 días por encima del límite legal de abonar en un plazo máximo de 30 días desde la entrega de la factura y ya se sitúa en los 257 días-. En este documento, el gobierno local se comprometía a que a lo largo de este año los retrasos en el pago se redujeran hasta los tres meses, una previsión prácticamente imposible de cumplir a día de hoy.

Además, a esta cuantía hay que añadirle otros 56 millones de euros en obligaciones que el Ayuntamiento no tiene reconocidas -son las denominadas facturas en el cajón-. El gobierno ha señalado en los últimos días que ha logrado reducir el importe desde los 100 millones con los que acabó el año pasado hasta los 55,3 millones. Esta bajada se debe a que se van a declarar prescritos una parte de estos débitos y otros serán anulados porque corresponden a obligaciones que tenía el Ayuntamiento con empresas municipales que ha absorbido.

El problema de los retrasos en el pago a proveedores no solo está afectando al Ayuntamiento sino también a algunas empresas y organismos autónomos. Es el caso de Cirjesa, la sociedad que gestiona el circuito de velocidad, que cada vez se retrasa más en sus pagos. Según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda, el trazado tarda en pagar más de cinco meses. No obstante, la institución que más se retrasa sigue siendo la Fundación Teatro Villamarta que abona sus facturas en un plazo medio de diez meses. Salvo la Fundación Andrés Ribera, todas las sociedades y organismos autónomos han empeorado su periodo medio de pago respecto al año anterior.