Detectadas nuevas irregularidades del ex edil de Urbanismo de El Puerto

  • Multó a un promotor por no pedir la legalización de unos chalés que él dijo eran "ilegalizables"

El cielo está enladrillado. Quién lo desenladrillará. El desenladrillador ... Hasta este trabalenguas típico de niños es más fácil de pronunciar y comprender que otro de los asuntos que ha protagonizado el ex edil de Urbanismo de la pasada legislatura, Juan Carlos Rodríguez (Independientes Portuenses) con sus legalizaciones en suelo no urbanizable que investiga la Fiscalía de Cádiz, junto al centenar largo de casos fraudulentos de obra nueva, tras la denuncia del actual equipo de gobierno del Partido Popular.

Este diario ha tenido acceso a otro nuevo caso de lo más rocambolesco. De modo sucinto, se resume así: Rodríguez multó a un promotor chiclanero por no proceder a la legalización de unas unifamiliares que construía sin licencia en suelo no urbanizable cuando él mismo había denegado la legalización de esas obras precisamente por estar enclavadas en suelo no urbanizable . Y, para complicar aún más las cosas, por medio había certificados falsos de obra nueva.

Así, según la documentación que obra en poder de este periódico, en marzo de 2006, Rodríguez dictó un decreto por el que imponía a la promotora de Chiclana Costasierra una multa coercitiva (cercana a los 10.700 euros) por incumplir "el requerimiento efectuado por este Ayuntamiento para la solicitud de legalización de las obras en Pago Berbén (clasificado en el Plan General vigente como suelo no urbanizable)" con la advertencia de que iba a proceder "a la imposición de multas coercitivas y sucesivas por periodos de un mes hasta tanto solicite dicha licencia".

El ex edil de Urbanismo decretaba el inicio de la interposición de estas sanciones "tras comprobar que no ha sido solicitada la referida licencia para la legalización de las obras". Incluso el propio ex concejal decía en su decreto que las obras objeto de sanción correspondían a la construcción de dos viviendas unifamiliares "que cuenta en el vigente Plan General con la consideración de suelo no urbanizable y en la revisión aprobada inicialmente como suelo urbano".

El recurso de reposición que el chiclanero puso contra este decreto es de antología. Así, entre otras perlas, el recurrente dice que "esta parte no acierta a comprender cómo se sanciona a la empresa que represento, por no solicitar la licencia y por no proceder a la legalización de las viviendas construidas, cuando ya se denegó la posibilidad de legalización mediante la resolución del teniente alcalde delegado de Urbanismo (o sea, el propio Rodríguez) de fecha 3 de junio de 2005".

Una resolución en la que Rodríguez había comunicado al chiclanero que "se hace constar ... que las viviendas construidas se sitúan en terrenos clasificados por el Plan General vigente como suelo no urbanizable común ... Por tanto, dichas obras no son legalizables".

"Consideramos que no procede la sanción por no realizar la legalización de dichas viviendas cuando la legalización no era posible a la vista de la resolución anteriormente indicada", remataba su recurso.

Y ya, en el colmo de los despropósitos, el propio multado decía que, dado que ahora Rodríguez le había comunicado que "hay aprobada una revisión del plan (se aprobó en 2002) en donde la zona donde están construidas las viviendas para a ser recalificada como suelo urbano" , iba a proceder a la solicitud de legalización de dichas viviendas "a la mayor brevedad".

Para más inri este diario ha podido saber también que en el solar de las viviendas, un ingeniero técnico industrial de Chiclana, Manuel M,R, había rubricado dos certificados falsos de obra nueva.

Uno, constatando la existencia de una vivienda, de 110 metros, con "una edad constructiva superior a los cuatro años", según certificó en septiembre de 2002. Y otro, en marzo del 2003, sobre otra vivienda de 200 metros "con edad constructiva no inferior a cinco años". Las orto fotos municipales tanto de 2002 como de l 2003 revelan que allí no había nada. Otro caso para sumar a la larga lista que debe investigar la Fiscalía.

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