El Tribunal Supremo ha rechazado la medida solicitada por los cinco magistrados titulares de los Juzgados de Primera Instancia de Cádiz, Sevilla, Granada, Córdoba y Almería de suspender de manera cautelar el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el que se unifican en un único órgano todas las demandas sobre cláusulas abusivas.

Entre los motivos que esgrime el Alto Tribunal para desestimar esta medida, figura que el acuerdo del CGPJ es "conforme a Ley". El TS añade que no son estos jueces los que deben defender los intereses públicos o de los consumidores. Asimismo, no considera acreditado que la decisión del Consejo cause perjuicios personales a dichos magistrados.

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cádiz acumula 2.000 demandas

Los cinco jueces que plantearon esta medida cautelar -ahora desestimada- son los mismos que presentaron a comienzos de este verano un recurso contencioso-administrativo ante el TS contra el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de aglutinar en un solo juzgado (por provincia) todos litigios sobre condiciones generales, esto es, cláusula suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios y gastos de formalización de hipotecas, entre otros. Ellos son los cinco titulares designados por el CGPJ para tramitar de manera exclusiva pero no excluyente estas demandas. Y se sientes "afectados" y "discriminados".

Isabel Cadenas, la magistrada responsable del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cádiz, es una de ellos. La juez da cuenta de la sobrecarga de trabajo que asume el órgano que dirige desde el pasado 1 de junio (cuando entró en vigor el acuerdo del CGPJ). "Estamos aún más desbordados que antes. De ello dan prueba las cifras en las que nos movemos: a fecha de 30 de septiembre se han registrado un total de 2.000 demandas en este juzgado".

Cadenas asegura que únicamente cuenta con dos funcionarias para tramitar estos asuntos, "las mismas que se nombraron al inicio de ponerse en marcha la medida del Consejo". La juez afirma que recientemente se ha designado a una funcionaria más de auxilio "para las gestiones propias de correo o sala de vistas". La plantilla sigue siendo a todas luces "insuficiente".

Respecto a los juicios, la magistrada señala que "ya en septiembre comenzaron a celebrarse las primeras vistas" y de ellas se ha encargado "el juez de refuerzo, que se incorporó a este puesto en julio".

De los juicios que se han celebrado hasta ahora, unos 35 casos aproximadamente ya cuentan con sentencia, algunas de ellas favorables al consumidor demandante. "Las cláusulas suelo -como se venía haciendo hasta ahora- se están declarando nulas", apunta Cadenas. No ocurre lo mismo con las reclamaciones de gastos hipotecarios: "En estos procedimientos se está fallando en contra del cliente, reconociendo sólo la devolución de una mínima parte de lo interesado y, en ningún caso, el gasto de impuestos, que es la partida de mayor valor".

En cuanto a la ubicación física del denominado juzgado bis, se ha vuelto a barajar el emplazamiento que se planteó en un primer momento: el edificio Proserpina de Cádiz capital. "Posiblemente esta sede judicial se traslade de la biblioteca de los juzgados de Los Balbos, donde se encuentra actualmente, al edificio Proserpina a comienzos de 2018".

Magistrados y usuarios siguen sin apreciar grandes ventajas en el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de volver a centralizar las demandas de cláusulas abusivas en un único órgano judicial. Las reclamaciones se acumulan, los retrasos siguen dilatándose en el tiempo en un juzgado que ya nació de por sí colapsado, y ello sin olvidar que cualquier afectado de la provincia debe desplazarse obligatoriamente a Cádiz capital para resolver su asunto, cuando antes lo podía tramitar en el Juzgado de Primera Instancia más próximo a su domicilio.