86 familias okupas de Sanlúcar crean 'Corralas por la Dignidad'

  • Se trata de una plataforma que lucha por su derecho a la vivienda Sus miembros aseguran no haber obtenido respuesta alguna de las administraciones competentes

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El movimiento okupa está tomando forma en la localidad de Sanlúcar. Desde que hace tres meses once familias decidieran usurpar una finca en el barrio de Bonanza, el número de personas que han optado por ocupar una vivienda de manera ilegal se ha multiplicado hasta el punto de llegar a constituirse como plataforma, la conocida desde el pasado día 7 como Corralas por la Dignidad.

Forman parte de este colectivo seis corralas que aglutinan a un total de 86 familias: las once anteriormente mencionadas en el Barrio Alto, unas veinte aproximadamente en la plaza Luis Jaramillo Barrios, quince en la calle Higuereta y otras veinte en el céntrico Carril de los Ángeles, en el entorno del Castillo de Santiago. A estas se han sumado dieciséis familias más, siete en la zona del Almendral y nueve en la calle Pirrado. Aunque estos dieciséis miembros han sido los últimos en incorporarse a la plataforma, son paradójicamente los okupas más veteranos del municipio, ya que los primeros accedieron al inmueble entre finales de 2013 y principios de 2014, mientras que los segundos hicieron lo propio hace ya varios meses. De hecho, ha sido la constitución de Corralas por la Dignidad lo que les ha llevado a 'levantar la mano' para decir que están ahí, en la misma situación de desamparo que sus compañeros, sin casas, sin ayudas, sin empleo, sin nada.

La creación de este movimiento reivindicativo en aras de una vivienda digna está provocando un efecto llamada entre otros vecinos de la localidad, que están contactando con el colectivo para constatar, por un lado, si hay casas disponibles en los inmuebles ya ocupados; y por otro, saber si hay otras fincas vacías susceptibles de ser habitadas.

Y es que en el caso de los okupas sanluqueños se da la circunstancia de que todos ellos han accedido a bloques que se encontraban abandonados desde hace varios años, edificios cuyos promotores no llegaron a venderlos una vez que estalló la burbuja inmobiliaria y la crisis les sobrevino, cual tsunami, arrasando con cualquier posibilidad de darles salida en el mercado. Como consecuencia de esto, las promociones quedaron en manos de los bancos, entidades financieras que tampoco han encontrado ninguna solución para esta amplia cartera inmobiliaria que, con el paso del tiempo, ha sido objeto de múltiples saqueos por parte de los toxicómanos. Al menos eso aseguran las familias okupas de la ciudad. "Hemos tenido que retirar todo tipo de escombros y suciedades, por no hablar de los robos de cable de cobre, de sanitarios, puertas, azulejos...". Las pocas piezas que llegaron a decorar cuatro paredes sin dueño conocido.

Esto ha dado lugar a un limbo legal en el que nadie parece ser el propietario. Se habla de promotores arruinados, algunos hasta en la cárcel, de bancos en quiebra, de vendedores con deudas ruinosas... Por una cosa o por otra, nadie, de momento, denuncia la ocupación, por lo tanto no hay delito, de manera que la actuación policial se limita simplemente a la identificación de los okupas. Poco más. No existe una persona física ni administración (pues ninguna vivienda es de protección oficial) que al cierre de esta edición haya puesto impedimento para que continúen en los edificios usurpados.

Muchas de las 86 familias que integran Corralas por la Dignidad coinciden en señalar que no han tenido respuesta a sus necesidades por parte de las administraciones competentes. Ni Junta de Andalucía ni Ayuntamiento -aseveran- les han ofrecido una solución real a sus carencias y necesidades. En concreto, apuntan que desde Emuvisán, Empresa Municipal de Vivienda en Sanlúcar -sociedad en proceso de liquidación-, les advierten que no sirve de nada apuntarse en el registro de demandantes de viviendas "porque no hay casas municipales disponibles".

Ante la falta de apoyo por parte de las administraciones implicadas, quedan a la espera de que se haga efectiva la medida aprobada en el pleno del pasado día 26 de junio que contempla la creación de un censo de pisos vacíos, para que Junta y Consistorio puedan negociar un arrendamiento con los bancos y cajas de ahorro.

Mientras que esta iniciativa -que para muchos llega tarde- se lleva a la práctica, los miembros de las diferentes corralas sanluqueñas piden que se den de alta los suministros de luz y agua en las distintas fincas ocupadas a cambio de un alquiler social. Una petición que, no obstante, abre el debate sobre la necesidad de establecer un orden de entrada a partir de unas baremaciones para que otros vecinos del municipio accedan en igualdad de condiciones a estas casas.

De las 86 familias okupas que forman parte de Corralas por la Dignidad, este medio ha querido contactar con algunos de sus miembros para que ofrezcan sus testimonios y entender así los motivos que les han llevado a dar una patada a la puerta.

José Walterio Ramírez, conocido en la corrala de Los Castillos como Walter, se ha convertido en un improvisado "presidente de la comunidad". "Todos los que estamos aquí somos chavales de treintaipocos años que no tenemos trabajo ni prestación por desempleo; no tenemos casa y estamos apalancaos en la de nuestros padres".

El portavoz de este grupo explica que él mismo participó en la construcción de esta finca, sobre la que se proyectó un hostal que quedó en amago hospedero, nunca llegó a ver la luz . "Yo fui el cerrajero de estas puertas y ahora me he visto obligado a partir los pestillos para poder buscarle un sitio a mi familia".

Ahora se gana la vida "vendiendo chatarra, recogiendo patatas en el campo o vendiendo cajillos de pescado que me cede un amigo". Con lo que saca dice pillar lo justo para subsistir, "pero no para pagar un alquiler, por eso he dormido muchas noches dentro de mi coche o en una caseta de camping".

Otra vecina de la comunidad Los Castillos es una de las okupas más longevas que se ha dado a conocer. Se llama Dolores Ramos, tiene 63 años y es "la matriarca", comenta con una ligera sonrisa; pero inmediatamente cambia su gesto, que se vuelve severo. "Soy víctima de la violencia de género, padezco fibromialgia, bronquitis asmática. Hasta hace poco residía en un garaje y me mantenía con los suministros de Cáritas". Para ella, este hostal sin estrenar "es como una mansión, aquí estoy mejor que en ningún sitio".

Continuando el recorrido por algunas de las corralas sanluqueñas, la parada es obligatoria en la más numerosa, la del Jaramillo. Allí un grupo de mujeres jóvenes charlan en el patio interior mientras que sus hijos juegan. Muchas de las puertas del inmueble están obligatoriamente abiertas (la cerradura está forzada) y lucen el nombre de cada uno de sus moradores escrito con rotulador en mayúsculas. Ana, Miguel, Ramón, Verónica, Rocío... y así hasta completar una larga lista donde también está Gema Moutayakine. Tiene 24 años y una hija de 8. Su único ingreso es una pensión de orfandad de 192 euros. Explica que además padece una minusvalía del 68%. "Compartía casa con mi madre, pero ella tiene una orden de desahucio, así que me metía a aquí o me quedaba en la calle".

Un último testimonio es el de las nueve familias que ocupan el piso de la calle Pirrado. Concretamente ellos no tuvieron que forzar la entrada del inmueble. "Nos encontramos los planos de la constructora así como todas las llaves de los distintos pisos en la planta baja del bloque". Ellos sí tienen luz pero no agua, un suministro que le brindan los vecinos de la zona. "Están encantados con que estemos aquí; prefieren que las casas estén habitadas por gentes conocidas del barrio, como nosotros, a que estén invadidas por enganchados a la droga, a riesgo de que un día de estos pudieran provocar un incendio o algo peor".

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