Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están realizando registros en los domicilios de seis ciudadanos paquistaníes detenidos esta madrugada en Barcelona. Aunque en principio se les ha arrestado por presunto fraude fiscal, el Ministerio del Interior no descarta que las investigaciones saquen a la luz otros hechos.

Por este motivo la Guardia Civil está investigando si los seis ciudadanos detenidos en las últimas horas por su presunta implicación en una trama financiera vinculada a empresas de telecomunicaciones, la mayoría de origen paquistaní, podrían haber financiado bandas armadas.

Así lo ha confirmado la Guardia Civil en un comunicado en el que explica que los agentes que han participado en la "operación Cheapest" continúan las investigaciones para confirmar los presuntos delitos cometidos por los arrestados contra la Hacienda Pública, así como para constatar la posible financiación de bandas armadas.

La operación, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, se está desarrollando en Barcelona, Valencia, Logroño y Las Palmas, en donde se han practicado varios registros en domicilios y empresas de servicios de telecomunicaciones.

Los detenidos, a quienes se les imputa un delito contra la Hacienda Pública, responden a las siguientes iniciales: M.I.C., M.R.M., H.G.M., A.S.R., D.H.R. y A.A.H.

Hasta el momento, según la Guardia Civil, se han practicado registros en Barcelona (en tres empresas y un domicilio particular), en Valencia (en una sociedad y una vivienda), en Las Palmas (en otra empresa y otro domicilio) y en Logroño (en una empresa y un domicilio).

La operación continúa abierta por lo que la Guardia Civil no descarta nuevas actuaciones.

Fuentes jurídicas han señalado que Baltasar Garzón imputa a los seis detenidos los delitos de fraude fiscal y de "financiación con fines terroristas" y que los arrestados estaban manteniendo una reunión en Barcelona en el momento del arresto.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha confirmado las detenciones y ha dicho que, aunque el delito que se imputa a los ciudadanos paquistaníes es el de fraude fiscal, no se descarta que las investigaciones puedan llevar a "algo más".